La Corte Suprema de Justicia estudiará una acción de tutela presentada desde Nicaragua por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y fugitivo de la justicia colombiana, con la que busca anular la medida de aseguramiento en su contra por su presunta participación como cerebro del escándalo de corrupción en la UNGRD.
El recurso fue admitido y quedó en manos del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, quien decidirá si la orden de captura, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, vulneró los derechos fundamentales del exfuncionario.
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Debido a que González se encuentra bajo la protección del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, el alto tribunal explicó que la notificación se realizará mediante un aviso fijado en la Secretaría de la Sala Penal.
El presidente de la Corte, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, explicó que una decisión podría conocerse pronto, dado que las tutelas en Colombia tienen plazos cortos: 10 días en primera instancia y hasta 20 en segunda.
El escándalo de la UNGRD
La Fiscalía imputó a González por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, habría ordenado la entrega de sobornos millonarios a congresistas para asegurar proyectos del Gobierno.
Las investigaciones señalan que González instruyó entregar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la exconsejera Sandra Ortiz, y otros $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Incluso, se habrían realizado reuniones en la Casa de Nariño para impartir estas órdenes.
El caso tomó fuerza con el contrato de 40 carrotanques para La Guajira, donde se habrían desviado recursos públicos.
El 4 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra González, pero para entonces ya había huido del país. El 22 de septiembre, la Interpol emitió una circular roja para su búsqueda en 196 países.
El asilo en Nicaragua
La captura enfrenta un obstáculo diplomático, ya que el 20 de agosto el gobierno de Nicaragua le otorgó asilo político, alegando persecución. Colombia protestó la decisión y recordó la vigencia de un tratado de extradición de 1929.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que el asilo no aplica para delitos comunes, aunque el presidente Gustavo Petro justificó la protección alegando que González, exmiembro del M-19, combatió en Nicaragua en los años ochenta.
¿Hubo ayuda en la fuga?
La Procuraduría investiga si funcionarios colombianos facilitaron la salida de González. El foco está en el exembajador y hoy senador León Fredy Muñoz, y en el encargado de negocios Óscar Muñoz.
El Ministerio Público revisó correos de la Cancillería y confirmó que González y su esposa estuvieron alojados en la embajada de Colombia en Managua entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, paso previo a la solicitud de asilo.
El senador Muñoz defendió su papel, asegurando que actuó en el marco de sus funciones diplomáticas y que simplemente gestionó como lo hace con cualquier connacional.
Colprensa
