La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitó a la Fiscalía remitir el expediente contra Álvaro Uribe Vélez por la presunta masacre de El Aro. La petición busca que la instancia legislativa asuma la actuación por hechos que, de acuerdo con el oficio, habrían continuado durante su Presidencia.
El presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, envió el 26 de agosto una comunicación formal a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para pedir el traslado del proceso. La actuación fue aprobada por unanimidad el 19 de agosto de 2026 como una colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se produjo tras un memorial de la defensa de Uribe, representada por el abogado Jaime Granados. El escrito pidió proponer el conflicto de competencia ante esa fiscalía delegada, dentro de la investigación por la presunta participación del exmandatario en concierto para delinquir agravado.
La Comisión sostiene que existe una razón objetiva para intervenir como juez natural respecto de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período presidencial de Uribe. El oficio ubica la fecha de consumación del delito investigado en 2003, cuando él ya ejercía la Presidencia.
La petición se fundamenta en el carácter permanente que se atribuye al concierto para delinquir agravado. El documento indica que la supuesta actividad delictiva habría cesado en 2003; Uribe ocupó la Presidencia entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010.
La hipótesis investigativa fue vinculada en el oficio con hechos atribuidos al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro. Allí se plantea que Uribe habría facilitado y promovido, presuntamente, el accionar de esa organización.
El caso se relaciona con la presunta masacre de El Aro, ocurrida en 1997, por la cual Uribe fue llamado a indagatoria. La Comisión recibió la solicitud de la defensa mientras el trámite ante la Fiscalía continuaba.
Cuenca advirtió que, si la Fiscalía no acepta el requerimiento, el expediente deberá pasar a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que resuelva la colisión. La solicitud cita el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.
La Fiscalía reprogramó la indagatoria de Álvaro Uribe para el 4 de septiembre de 2026. La respuesta sobre la remisión del expediente, o el eventual envío de la colisión a la Corte Constitucional, definirá la continuidad del trámite.
