Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicita suspender la ejecución financiera del contrato para adquirir 17 aviones Gripen E/F, mientras se divulgan las condiciones de financiación, el costo total y los soportes presupuestales de la operación.
El recurso fue interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. La demanda invoca la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.
La acción sostiene que el contrato con la empresa sueca Saab, destinado a reemplazar la flota de Kfir, ya fue suscrito y está en ejecución. Su valor asciende a 3.135,5 millones de euros, de acuerdo con una respuesta oficial de la FAC citada en la demanda.
La principal pretensión es que el Tribunal ordene la suspensión de desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y otros actos de ejecución contractual, presupuestal o financiera. Rodríguez también pidió una medida cautelar de urgencia para detener provisionalmente esos movimientos mientras se resuelve el proceso.
La suspensión solicitada se mantendría hasta que las entidades acrediten públicamente el mecanismo específico de financiación, el costo financiero total y los intereses proyectados. El recurso también reclama información sobre el trámite Conpes relacionado con la estructuración del crédito y un pronunciamiento de Hacienda sobre la sostenibilidad fiscal de la operación.
El origen de la controversia está en derechos de petición que Rodríguez presentó el 20 de agosto. El abogado pidió las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, estudios previos y de costo-beneficio, la minuta contractual y los documentos que respaldaron las autorizaciones presupuestales para la compra.
La FAC negó la entrega de parte de los documentos al considerar que están cobijados por reserva legal vinculada con la defensa y la seguridad nacional. El demandante cuestiona que esa restricción se hubiera aplicado también a información financiera y presupuestal, que considera susceptible de divulgación.
En sus respuestas, la Fuerza Aeroespacial confirmó la existencia de soportes como un aval fiscal del Confis emitido el 14 de agosto de 2025, el Conpes 4155, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y una autorización de cupo de vigencias futuras. La acción afirma que esos documentos no fueron entregados.
El Ministerio de Defensa mantuvo la negativa en un oficio del 7 de septiembre, al indicar que no procedía suministrar la información solicitada y reiterar la reserva legal. En caso de que el Tribunal no suspenda toda la operación, la demanda propone detener los desembolsos, giros y vigencias futuras que aún no se hayan perfeccionado.
Rodríguez incluyó entre sus argumentos el escenario fiscal derivado del terremoto del 10 de agosto y las necesidades de reconstrucción y atención de las zonas afectadas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluará la admisión de la acción popular y la procedencia de las medidas cautelares solicitadas.
