El Parlamento de Australia aprobó la legislación de internet más estricta del mundo, prohibiendo el uso de redes sociales a menores de 16 años. Esta medida, que entrará en vigor en al menos 12 meses, incluye multas de hasta US$32,5 millones para las plataformas que no cumplan.
El primer ministro, Anthony Albanese, argumentó que la ley busca proteger a los menores de los daños asociados con el uso de redes sociales, una preocupación compartida por muchos padres. Sin embargo, críticos cuestionan la efectividad de la legislación, señalando que no detalla cómo se aplicará y que podría afectar la privacidad y la interacción social.
Plataformas incluidas y exenciones
Aunque la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, indicó que la medida afectará a plataformas como TikTok, Snapchat, Facebook e Instagram, otras como YouTube o aplicaciones de mensajería y juegos estarán exentas. Las restricciones dependerán de tecnologías de verificación de edad aún por definir, las cuales recaerán en las plataformas para su implementación.
Sin embargo, expertos digitales advierten que herramientas como VPNs podrían permitir a los menores evadir fácilmente la prohibición, lo que limitaría su efectividad.
Controversia y críticas
La medida ha recibido apoyo de muchos padres, quienes destacan la necesidad de mayor control, pero ha enfrentado rechazo de organizaciones como Meta, Google y TikTok, que cuestionan su viabilidad y su alineación con normas internacionales de derechos humanos. Activistas juveniles también critican que la ley no haya incluido a los jóvenes en el debate, ignorando el rol positivo que las redes sociales pueden tener en sus vidas.
A pesar de las críticas, Albanese defendió la medida, reconociendo que su implementación no será perfecta pero asegurando que es un paso necesario para proteger a las generaciones más jóvenes.
¿Un modelo global?
Leyes similares en países como Francia y en el estado de Utah (EE.UU.) han enfrentado desafíos legales y problemas de cumplimiento, pero la iniciativa australiana está siendo observada por otros gobiernos, como Noruega y Reino Unido, que podrían considerar propuestas similares en el futuro.
