Venezuela atraviesa una grave crisis tras las elecciones del 28 de julio que proclamaron a Nicolás Maduro como presidente, marcando casi tres décadas de chavismo en el poder. La proclamación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó a Maduro un 51% de los votos frente al 44% de González Urrutia, ha sido ampliamente cuestionada por ciudadanos y por al menos ocho países que denuncian irregularidades en el proceso electoral.
Desde el 1 de agosto, fuertes manifestaciones han sacudido el país, resultando en la muerte de 11 civiles y la detención de más de 1,000 personas, según informes de organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía. La mayoría de estas detenciones han sido arbitrarias. Además, el régimen de Maduro ha implementado una aplicación para recopilar datos de los manifestantes con el fin de encarcelarlos, lo que ha sido denunciado como una violación a los derechos humanos.
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La represión no se ha limitado a los manifestantes. Contendores políticos como Edmundo González y María Corina Machado están en el punto de mira del régimen, con rumores de que se buscaría encarcelarlos. La sede de campaña de su sector político fue asaltada recientemente, aumentando la tensión y el temor entre la oposición.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido criticado por no condenar la situación en Venezuela y, en cambio, exaltar al chavismo, lo que ha generado controversia en Colombia. Mientras tanto, la presión internacional para un escrutinio transparente crece, pero el CNE no ha publicado resultados detallados de los comicios.
María Corina Machado, inhabilitada políticamente y no candidata en estas elecciones, ha lanzado un sitio web con copias de actas de votación que asegura son pruebas de la victoria opositora. Sin embargo, el chavismo ha calificado estas actas de «montaje» y Maduro las ha tachado de «fábrica de actas falsas».
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La tensión también se siente en la vida cotidiana de los venezolanos. Aunque Caracas comienza a recuperar algo de normalidad, con comercios y transporte público reanudando sus actividades, el temor persiste. Los ciudadanos temen ser delatados y arrestados, especialmente después de que Maduro ordenara un despliegue de seguridad para prevenir un supuesto golpe de Estado y habilitara una sección en una aplicación para denunciar a «delincuentes fascistas».
La situación sigue siendo tensa y la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos en Venezuela, esperando que se respeten los derechos humanos y se garantice la transparencia electoral.
