Congresistas del Pacto Histórico enfrentan pérdida de investidura por demandas en el Consejo de Estado

0
74
Dos congresistas del Pacto Histórico enfrentan la pérdida de su investidura por demandas en el Consejo de Estado

Dos congresistas del Pacto Histórico, Wilson Neber Arias Castillo y Martha Isabel Peralta Epeyu, enfrentan la posibilidad de perder su investidura debido a demandas interpuestas por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Las demandas, presentadas ante el Consejo de Estado, señalan inconsistencias relacionadas con la financiación de sus campañas y su participación en el debate de la reforma a la salud.

La demanda contra el senador Wilson Arias se basa en su participación en la discusión de la reforma a la salud, sin haberse declarado impedido a pesar de que su campaña recibió un aporte de 70 millones de pesos de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). Según la demanda, Arias votó negativamente a la ponencia de archivo de la reforma, lo que benefició directamente a Sadi, generando un conflicto de intereses.

Lea: Innovación y crecimiento en la industria naval: resultados de la Alianza Proa

Por su parte, la senadora Martha Peralta también enfrenta una demanda por recibir financiación de Sadi, con un aporte de 61 millones de pesos para su campaña. Además, se alega que Peralta no se declaró impedida durante la discusión de la reforma a la salud, a pesar de que su pareja es el representante legal suplente de una empresa farmacéutica, lo que podría constituir otro conflicto de intereses.

Las demandas, aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, argumentan que ambos congresistas violaron el régimen de conflicto de intereses, lo que podría resultar en la pérdida de su investidura. La situación de Arias y Peralta destaca la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión pública, especialmente en el contexto de la reforma al sistema de salud en Colombia.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, enfatizó que las acciones legales buscan asegurar que los funcionarios públicos actúen en el mejor interés de los ciudadanos y sin conflictos de intereses. El desarrollo de estos casos será seguido de cerca, dado su potencial impacto en la política y la gobernabilidad del país.