La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 25 bienes vinculados presuntamente a seis señalados en el caso de la UNGRD. Los activos, entre inmuebles y sociedades, están avaluados preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos y son objeto de diligencias para hacer efectivas las medidas.
Alcance de las medidas sobre bienes
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio encontró méritos para afectar 19 inmuebles y 6 sociedades tras investigar el patrimonio de personas señaladas por el presunto direccionamiento de contratos y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los bienes estarían relacionados con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero, y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con el Ejército Nacional, realizan las diligencias para materializar la suspensión del poder dispositivo, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
Bienes asociados a los señalados
Cuatro activos estarían vinculados a Iván Leónidas Name Vásquez en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó. En uno de ellos, la medida recae únicamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería al exsenador.
Otros cuatro inmuebles en Montería harían parte del patrimonio de Andrés Calle Aguas. La Fiscalía también relaciona un inmueble en Medellín con Olmedo López, otro en Sabana de Torres con Sneyder Pinilla y un predio en Tabio con Pedro Rodríguez Melo.
A Luis Eduardo López Rosero le atribuye una posible relación con siete bienes en Pasto, Chachagüí y Cúcuta. Entre ellos figuran sociedades que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido utilizadas para obtener contratos en la UNGRD y dar tránsito a los dineros recibidos.
Los activos objeto de las medidas están ubicados o registrados también en Bogotá, Medellín, Montería, Sopó, Villavicencio, Sabana de Torres y Tabio. Su valoración, aún preliminar, es de cerca de 20.000 millones de pesos.
