La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sostuvo que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no registran hallazgos de corrupción ni de otro tipo. El pronunciamiento responde a las controversias sobre viajes al exterior y el arrendamiento de su sede en Bogotá.
Viajes y control institucional
La entidad afirmó que mantiene información abierta para que la ciudadanía vigile el uso de los recursos destinados a su funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones. También indicó que ha respondido oportunamente a los requerimientos de los organismos de control.
En su comunicado, la JEP señaló que las comisiones internacionales cuestionadas corresponden a invitaciones oficiales para rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre el modelo de Justicia Transicional Restaurativa. Añadió que esas salidas incluyen participación en espacios judiciales con organismos y entidades dedicados a los derechos humanos y al derecho penal internacional.
El tribunal vinculó esas actividades con el estatus internacional del Acuerdo Final de Paz, depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2261. Por ello, sostuvo que debe mantener informada a la comunidad internacional sobre su trabajo.
La JEP aseguró que todas las salidas del país están justificadas y fueron comunicadas a través de sus canales oficiales. En el mismo pronunciamiento, indicó que las siete auditorías de la Contraloría y los 14 informes de la Procuraduría no han reportado irregularidades de corrupción ni de otra clase.
El avalúo de la sede
Sobre el edificio donde opera su oficina principal en Bogotá, la jurisdicción explicó que buscó adquirir el inmueble durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. Las gestiones ante el Ministerio de Hacienda no avanzaron favorablemente en la primera ocasión, mientras que el proyecto posterior recibió concepto técnico desfavorable del Departamento Nacional de Planeación.
El valor comercial estimado del inmueble para 2026 asciende aproximadamente a $288.538 millones, de acuerdo con la JEP. La entidad rechazó que su precio sea de $20.975 millones, cifra que identificó como el valor catastral registrado en 2020 y no como un avalúo comercial.
Al no prosperar los proyectos de compra, la jurisdicción continúa en un inmueble arrendado. La JEP pidió que la información sobre su operación y sus gastos sea consultada directamente en sus canales oficiales para sostener el debate público con datos verificables.
Como parte de su respuesta a los cuestionamientos, la entidad también recordó que la OCDE la ha descrito como un ejemplo de transparencia pública y que el Ministerio de Hacienda reportó para el año anterior un 99,3 % de cumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado.
