La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta quedó vinculada formalmente a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presunto abuso de función pública, tras rendir indagatoria por su presencia en un allanamiento de julio de 2025 en La Picota. El proceso examina si excedió las funciones que ejercía como coordinadora de acercamientos con estructuras criminales.
La diligencia se realizó ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción y ponente del caso. Zuleta acudió acompañada de su abogado para responder por las presuntas irregularidades relacionadas con el procedimiento del 10 de julio de 2025 en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá.
En ese allanamiento, agentes del CTI incautaron una pistola Glock de nueve milímetros tras recibir información de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Marín era señalado como cabecilla de La Inmaculada, estructura con injerencia en el norte del Valle, y fue extraditado a Estados Unidos el 3 de febrero de 2026 por cargos de narcotráfico y concierto para delinquir.
La investigación contempla la hipótesis de que el arma sería usada en un atentado contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera que estaba recluido en el mismo pabellón. La Corte busca determinar cuál fue la intervención concreta de Zuleta y si se extralimitó en sus funciones durante el operativo.
Para la época de los hechos, la congresista había sido designada por el Gobierno de Gustavo Petro para coordinar acercamientos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, dentro de un espacio de conversación sociojurídico. Su labor fue formalizada mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En ese rol, Zuleta estaba autorizada para verificar la voluntad de sometimiento a la justicia de Pipe Tuluá. El entonces alto comisionado de paz, Otty Patiño, describió la entrega del arma como un “gesto de paz”. La senadora ha sostenido que informó a Patiño cuando conoció la intención de entrega y que se limitó a presenciar el procedimiento.
Zuleta también afirmó que acompañó el allanamiento como observadora de paz para proteger la vida de una persona en riesgo. Tras una primera citación para versión libre, programada el 26 de junio de 2026 y aplazada por un viaje internacional de la congresista, la Sala de Instrucción abrió formalmente el proceso el 21 de agosto por el presunto delito de abuso de función pública.
La indagatoria se extendió por más de tres horas y permite a la senadora ejercer su defensa dentro de la actuación penal. La Sala de Instrucción continuará con el examen de su participación en el procedimiento que terminó con la incautación del arma entregada por Pipe Tuluá.
