La Fiscalía pidió una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miguel Quintero Calle al considerar que su libertad implicaría riesgos para la investigación y para los testigos del caso de contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La petición ante el juez
La solicitud fue presentada ante el juez 27 Penal Municipal con función de control de garantías. La fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, Magda Sofía Ramírez, expuso durante más de cuatro horas los elementos con los que busca sustentar la privación de la libertad mientras avanza el proceso.
Quintero responde por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación abarca seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2021 y 2022.
Durante la audiencia se mencionaron dos valores para esa contratación: una exposición habló de $17.000 millones y otra de $17.656 millones. La Fiscalía sostiene que los recursos, dirigidos a formación para bomberos de los diez municipios del área metropolitana y a kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19, habrían sido desviados.
Ramírez indicó que $2.481 millones corresponderían a una coima: $1.654 millones en beneficio propio y $827 millones para terceros. La teoría del ente acusador plantea, además, que Quintero habría buscado controlar las subdirecciones administrativa y financiera, y ambiental, de la entidad metropolitana para incidir en nombramientos, terminaciones contractuales y procesos de contratación.
Testimonios incluidos en el caso
Uno de los argumentos de la Fiscalía se centra en Misael Alberto Cadavid, exrepresentante legal de los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Cadavid firmó un principio de oportunidad y aportó información a la investigación. Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador de los bomberos, alcanzó un preacuerdo.
También obran interrogatorios de Laura María Mejía Higuita y María Janeth Rúa García, exfuncionarias del Área Metropolitana. Para la Fiscalía, el contexto alrededor de Cadavid es relevante para evaluar el riesgo de interferencia en las declaraciones y en el curso de la investigación.
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, mientras Cadavid estuvo recluido en El Pedregal, registró 17 visitas de abogados que pretendían asesorarlo o darle recomendaciones sobre el manejo de su proceso. La Fiscalía presentó esos ingresos como hechos que, a su juicio, afectan la libertad y espontaneidad de la declaración del exrepresentante legal.
En el testimonio llevado a la audiencia, Cadavid relató que Sebastián de Dios Ortega Urán le habría ofrecido gestionar un cupo en la cárcel de La Estrella por $400 millones, con un aporte de $200 millones de cada parte. Cadavid afirmó que rechazó esa propuesta.
La Fiscalía vinculó a Ortega con grupos de WhatsApp en los que, bajo su hipótesis, se coordinaban decisiones de contratación en el Área Metropolitana. La fiscal también reprodujo el relato de una visita del personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, en el CTP de la Minorista de Medellín.
Cadavid aseguró que Ortiz le transmitió un ofrecimiento de apoyo y abogados de parte del exalcalde y exsenador Carlos Andrés Trujillo, además de una propuesta de traslado a una cárcel en Santo Domingo, Antioquia. El testimonio mencionó igualmente una visita del excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, quien, de acuerdo con la exposición, le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad.
Accesos al expediente y decisión
La Fiscalía agregó hechos relacionados con información reservada del expediente. Una funcionaria ajena a esta investigación ingresó al sistema institucional y descargó archivos digitales después del anuncio de la citación de Quintero a la audiencia de imputación. La fiscal pidió que esa actuación sea investigada.
Ramírez señaló que en el caso se registraron 334 consultas y 293 descargas de información. También relató que el defensor Santiago Trespalacios acudió a su despacho entre el 26 y el 27 de agosto para preguntar por actuaciones en curso.
Trespalacios aclaró en la diligencia que sus preguntas se basaron en información pública disponible en la plataforma de la Rama Judicial. Para la Fiscalía, el conjunto de visitas, testimonios y movimientos sobre el expediente sustenta que la libertad de Quintero entraña un riesgo para la investigación y los testigos.
La entidad planteó adicionalmente que el imputado podría salir del país por contar con recursos para hacerlo. La audiencia continuará el lunes 21 de septiembre. En esa sesión, el abogado de las víctimas del Área Metropolitana argumentará su petición de medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega Urán, y el juez deberá resolver la solicitud formulada contra Miguel Quintero Calle.
