La exfiscal Lucy Laborde afirmó que Luz Adriana Camargo le propuso retirar el delito de lavado de activos de la acusación contra Nicolás Petro y conservar el de enriquecimiento ilícito. Sostuvo que rechazó esa alternativa y que después fue apartada del expediente.
El planteamiento en el caso Nicolás Petro
Laborde relató que la conversación se dio en el despacho de la fiscal general, con la participación de la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y Alexandra Ladino, entonces directora de Lavado de Activos. En esa reunión, dijo, expuso que había sustento para mantener la imputación por lavado de activos.
De acuerdo con su versión, Camargo preguntó por las consecuencias de una eventual condena por ese delito. Trujillo respondió que Nicolás Petro ingresaría a la Lista OFAC, según el relato de la exfiscal. Laborde aseguró que, luego de esa respuesta, se le planteó dejar únicamente el cargo de enriquecimiento ilícito y fijar una pena extensa.
La propuesta, afirmó, contemplaba que la pena se cumpliera en una guarnición militar. Laborde dijo que se negó porque consideraba que los negocios jurídicos investigados, entre ellos compras de inmuebles y vehículos a nombre de terceros, buscaban dar apariencia de legalidad a dineros obtenidos ilícitamente.
La exfiscal indicó que recibió el expediente con la acusación ya formulada y defendió la tesis de la Fiscalía sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El proceso matriz reunía cerca de 3.400.000 evidencias, de las cuales se llevaron aproximadamente 800 pruebas ante un juez penal especializado de Barranquilla.
Presiones y cambio de fiscal
Tras rechazar la alternativa, Laborde sostuvo que fue objeto de presiones y que dejó de contar con las condiciones necesarias para avanzar en el caso. Relató que fue trasladada a Barranquilla y trabajó sin oficina propia, asistente ni investigadores; también afirmó que entregó el despacho al nuevo fiscal sin esos apoyos.
Según Laborde, le fueron retirados los investigadores Víctor y Juan Camilo, a quienes consideraba determinantes para revisar la información acumulada. Ambos fueron capturados después, actuaciones que ella interpretó como una retaliación y una afectación al desarrollo de la investigación.
La exfiscal señaló que participó en 49 sesiones de audiencia preparatoria mientras tenía otros 68 procesos asignados. Añadió que en diciembre de 2024 realizó un operativo en Bucaramanga contra 14 personas.
También afirmó que detectó accesos al sistema Spoa relacionados con nuevos radicados y que posteriormente recibió poderes de un abogado vinculado a personas investigadas. Solicitó una auditoría y halló registros de funcionarios de Policía, aunque evitó identificar a los investigados por la reserva de esas actuaciones.
Antes de su salida del caso, dijo haber recibido propuestas de preacuerdo que reducían la discusión penal a estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito con rebajas de pena, o a abuso de confianza. Afirmó que no aprobó ninguna por no corresponder, a su juicio, con los hechos atribuidos a Nicolás Petro. El expediente pasó luego a otro fiscal y la investigación incluía radicados contra aproximadamente 18 personas, además del proceso principal.
