El Ejército capturó en el Cantón Norte de Bogotá al coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, investigado por presuntos nexos con el ELN y la Segunda Marquetalia. El oficial activo quedó a disposición de las autoridades por delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo, cohecho y material de guerra.
La orden y los cargos
La diligencia se realizó en una vivienda dentro de la instalación militar, donde funcionarios hicieron efectiva la orden de captura y practicaron un registro y allanamiento autorizados judicialmente. En el procedimiento intervinieron el Ejército, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación y el Gaula Militar Arauca.
Pérez Amorocho deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
La investigación siguió durante varios años movimientos, contactos y actuaciones dentro de unidades militares. El expediente busca establecer si, desde posiciones de mando, se entregó información operacional, se facilitaron acciones de grupos armados y se movieron armas y municiones a cambio de dinero.
Presuntos nexos bajo investigación
Las indagaciones se concentran en los presuntos vínculos del coronel con el Frente de Guerra Oriental del Eln, con presencia en Arauca, y con el Bloque Occidental Alfonso Cano de la ‘Segunda Marquetalia’, que opera en Nariño.
Los hechos revisados corresponden a los periodos de 2019-2020 y 2024-2025. Durante esos lapsos, Pérez Amorocho estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, respectivamente.
La hipótesis investigativa plantea que el oficial habría recibido dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. Entre las líneas que deberán sustentarse ante los jueces figuran el supuesto tráfico y comercialización de armas y municiones, así como la entrega de información sensible y clasificada sobre operaciones militares.
También se indaga si desde sus cargos se realizaron acciones para favorecer a integrantes de esas estructuras durante operaciones de la Fuerza Pública. El Ejército confirmó que la captura obedeció a una orden judicial de la Fiscalía y afirmó que brindó garantías para la diligencia, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
