La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos por su presunta participación en un esquema que habría recibido cerca de 200.000 millones de pesos de miles de personas.
El esquema de captación ilegal
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, estableció que la operación habría afectado a cerca de 8.000 ciudadanos entre 2021 y 2024. La captación habría iniciado mediante una comercializadora y exportadora, y continuó un año después con la conformación de una cooperativa.
El modelo ofrecía una supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales. Un intermediario debía vender el producto a un comprador extranjero, de acuerdo con la estructura presentada a quienes entregaban recursos.
La segunda modalidad promovía la vinculación de terceros como asociados o socios ocultos a través de contratos de cuentas en participación. A cambio de los aportes se prometía una rentabilidad de 25 % cada 25 días hábiles, que se atribuiría a la comercialización del plátano.
Los elementos materiales probatorios recopilados indican que los aportantes no recibieron los rendimientos prometidos ni recuperaron el dinero invertido. Entre las personas afectadas estarían mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores.
Los recursos habrían sido recibidos principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, en Antioquia. También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, entre otros departamentos.
Cargos y medida domiciliaria
Una de las procesadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova. El otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades y, en audiencias separadas, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los dos aceptó los cargos.
Los jueces de control de garantías ordenaron que los procesados cumplan una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.
