El panorama institucional en Colombia ha entrado en un terreno de confrontación sin precedentes. La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación tomó la drástica decisión de separar de su cargo a la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien además se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación.
La medida cautelar, firmada por el procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, establece que la congresista queda apartada de sus funciones legislativas de manera inmediata y hasta el próximo 20 de julio de 2026, fecha en la que culmina el actual periodo constitucional del Congreso. Con esta determinación, el órgano de control frena en seco el accionar de la legisladora vallecaucana dentro delCapitolio.
El origen del caos: Un auto unilateral para tumbar al presidente
La drástica respuesta de la Procuraduría llegó apenas 24 horas después de que se desatara un escándalo mayúsculo en los pasillos del Congreso. Arizabaleta, en su calidad de representante investigadora dentro del expediente contra el presidente Gustavo Petro, emitió de manera unilateral un auto en el que ordenaba suspender provisionalmente al jefe de Estado de su cargo por presunta intervención en política.
Sin embargo, la parlamentaria cometió una flagrante violación de los procedimientos legislativos: en lugar de someter su postura y el documento a debate y votación en la sala plena de la Comisión de Acusaciones, decidió saltarse las formalidades legales y decretar la salida temporal del primer mandatario por cuenta propia.
Al conocer la maniobra, la Procuraduría calificó la actuación como un riesgo inaceptable para la estabilidad democrática. Según el documento oficial, la permanencia de la congresista en su cargo abría la puerta a que «continuara adoptando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico» dentro del expediente 7525 que cursa contra el jefe de Estado.
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Los argumentos de la Procuraduría: Protección a la democracia
Para el Ministerio Público, la decisión de Arizabaleta de limitar el ejercicio del presidente de la República, sin tener la competencia ni cumplir los requisitos de ley, vulneró directamente los derechos fundamentales derivados de la participación democrática.
El auto de la Procuraduría argumenta con severidad:
«El impacto en este caso de la medida cautelar que restringe la participación política del presidente de la República trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce, que se considera superior a la restricción impuesta a la congresista”.
La gravedad de la situación es tal que la sala de instrucción solicitó de inmediato la consulta y el respaldo del recién posesionado procurador general de la nación, Gregorio Eljach, para dejar en firme la sanción.
Silencio forzado y un Congreso en vilo
La notificación del fallo tomó por sorpresa a la bancada del Pacto Histórico y a la propia parlamentaria. De hecho, Gloria Arizabaleta suspendida tenía programada una rueda de prensa en la mañana de este jueves para responder públicamente a las explosivas declaraciones que el presidente Gustavo Petro había lanzado en su contra tras enterarse de la orden de destitución. Tras ser notificada por los delegados del Ministerio Público, la congresista se vio obligada a cancelar el evento con los medios de comunicación y a abandonar sus funciones de manera prematura.
Este choque de trenes deja a la Comisión de Investigación y Acusación en una crisis de gobernabilidad absoluta, en momentos donde el país se acerca a la definición de la segunda vuelta presidencial y las tensiones entre las ramas del poder público están al rojo vivo.
