La violencia no da tregua en el suroccidente colombiano. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha confirmado una cifra desgarradora: ya son 19 las víctimas mortales que dejó el reciente ataque ocurrido en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca.
Lo que comenzó como una serie de hostigamientos el pasado 24 de abril, alcanzó su punto más crítico el 25 de abril en el sector conocido como El Túnel, donde un cilindro bomba impactó directamente contra una buseta de transporte público, provocando una explosión devastadora.
Un complejo despliegue forense para identificar a las víctimas
Ante la magnitud de la tragedia, Medicina Legal activó un protocolo de emergencia desde las 8:00 a. m. de este domingo. Para garantizar celeridad y respeto en el manejo de los cuerpos, se han conformado seis equipos interdisciplinarios integrados por:
Médicos forenses y odontólogos.
Antropólogos y lofoscopistas (expertos en huellas dactilares).
Personal técnico de apoyo especializado.
Debido a la complejidad de los procedimientos técnico-científicos, fue necesario trasladar refuerzos profesionales desde la ciudad de Cali. El objetivo primordial es lograr la identificación plena de los fallecidos y realizar la entrega digna de los restos a sus familiares, quienes ya comienzan a llegar a las sedes forenses en medio de un clima de profundo dolor.
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¿Quiénes son los responsables?
El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa, ha señalado directamente a la estructura «Jaime Martínez». Este grupo, perteneciente a las disidencias de las Farc y bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, ha intensificado su ofensiva en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca durante los últimos días.
El ataque en Cajibío no fue un hecho aislado. La región ha sido escenario de detonaciones de vehículos bomba cerca de batallones en Cali y Palmira, así como hostigamientos con fusil en zonas rurales como Potrerito, Jamundí.
Medidas de emergencia y restricciones
La situación de orden público ha obligado a las autoridades locales a tomar medidas drásticas. En Jamundí, por ejemplo, la Alcaldía emitió el Decreto N.° 87 de 2026, que impone restricciones estrictas hasta el 27 de abril, incluyendo:
Prohibición total del uso de drones.
Restricción a la circulación de volquetas y transporte de escombros.
Vigilancia reforzada por parte de la fuerza pública en puntos estratégicos.
Mientras el país asimila el impacto de esta masacre en Cajibío, la lupa está puesta en la capacidad de respuesta del Estado para recuperar el control territorial en un Cauca que parece revivir sus épocas más oscuras. La prioridad ahora, más allá del orden público, es dar respuestas claras a las familias que esperan noticias de sus seres queridos en las puertas de Medicina Legal.
