En un movimiento inesperado que cambia el tablero jurídico en los tribunales de Nueva York, el Gobierno de los Estados Unidos ha modificado las sanciones vigentes contra Venezuela. Esta decisión permitirá que el Ejecutivo venezolano financie los honorarios de los abogados que representan a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso que enfrentan por presunto narcotráfico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que autorizan la recepción de estos pagos bajo condiciones estrictas. Entre los requisitos principales, se estipula que los fondos deben estar disponibles para el Gobierno venezolano a partir del 5 de marzo de 2026 y no pueden provenir de fondos de depósito de gobiernos extranjeros.
El debate sobre la Sexta Enmienda
Este cambio de postura de la administración de Donald Trump responde a una intensa batalla legal liderada por el abogado Barry Pollack. La defensa argumentó que bloquear el acceso a los fondos para pagar honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal.
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Incluso, la defensa había solicitado la desestimación del caso alegando que la imposibilidad de pago impedía un juicio justo. Ante esto, el juez Alvin Hellerstein se mostró escéptico frente a la Fiscalía, señalando que, tras su captura en enero y su reclusión en una prisión federal en Brooklyn, el matrimonio ya no representa «una amenaza para la seguridad nacional».
Un proceso que apenas comienza
Nicolás Maduro (63 años) y Cilia Flores (69 años) fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. Desde su traslado a territorio norteamericano, ambos se han declarado «no culpables» de los cargos de conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.
Aunque este ajuste en las sanciones facilita la continuidad del proceso legal, expertos señalan que el juicio formal podría tardar entre uno y dos años en iniciar. Por ahora, el matrimonio permanece en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, mientras sus abogados preparan una estrategia que, con esta nueva licencia, ahora tiene luz verde financiera.


