El sistema de salud en Colombia entró en una fase de incertidumbre crítica tras la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en estado de quiebra. La instrucción, emitida este 16 de marzo, surge como respuesta directa al hundimiento de la reforma a la salud en el Legislativo. «El Congreso no aprobó la reforma y ya no tenemos alternativas», afirmó el mandatario, señalando que el Gobierno Nacional procederá a intervenir técnica y financieramente a aquellas entidades que no cumplan con los indicadores de patrimonio adecuado y reservas técnicas.
Aunque el Ejecutivo no ha publicado un decreto con nombres específicos, el análisis de los estados financieros del sector pone en alerta a entidades de gran envergadura. Entre las EPS que estarían en la mira se encuentran Nueva EPS, Famisanar, Sanitas (bajo intervención), Savia Salud, Emssanar y Asmet Salud. Estas instituciones, que presentan los mayores déficits de liquidez, agrupan en conjunto a más de 20 millones de afiliados en todo el territorio nacional, lo que plantea un desafío logístico sin precedentes para el traslado de pacientes y la garantía de la prestación de servicios.
La medida busca detener el flujo de recursos públicos hacia administradoras que, según el Gobierno, han demostrado insolvencia para pagar a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Sin embargo, expertos del sector advierten que una liquidación masiva podría colapsar a las pocas EPS que aún mantienen indicadores estables, al recibir una carga desproporcionada de usuarios con enfermedades de alto costo. Actualmente, la Superintendencia de Salud evalúa los protocolos de transición para asegurar que los tratamientos en curso, cirugías programadas y entrega de medicamentos no se vean interrumpidos durante el proceso administrativo.
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Este anuncio ha generado diversas reacciones en el panorama político y social. Mientras sectores afines al Gobierno respaldan la medida como un paso necesario para eliminar la intermediación financiera, la oposición y gremios como ACEMI alertan sobre un posible «caos sistémico». Por ahora, la hoja de ruta del Ministerio de Salud se centra en fortalecer la red pública hospitalaria para absorber la demanda que dejarían las entidades liquidadas, en un escenario donde la estabilidad del derecho fundamental a la salud de millones de colombianos pende de un hilo.
