Bogotá se convertirá en el epicentro jurídico de la región el próximo 4 de febrero de 2026, al recibir el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio. Este evento, sin precedentes en la justicia colombiana, congregará en el Auditorio Cincuentenario de la Universidad de La Salle a magistrados, académicos de talla mundial y líderes de diversos sectores políticos. El objetivo central será analizar la transparencia y legitimidad en la toma de decisiones judiciales, en un contexto donde la tecnología y la opinión pública ejercen una presión constante sobre los procesos legales.
El foro contará con la participación estelar de la exmagistrada Cecilia Margarita Durán Ujueta, autoridad en derecho procesal, y el reconocido abogado José Luis Moreno, quien liderará los debates sobre los estándares de verdad en procesos complejos. A nivel internacional, expertos como Jordi Nieva Fenoll y Núria Borràs, de la Universidad de Barcelona, aportarán su visión sobre la justicia digital y la valoración racional de la prueba, temas cruciales ante la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en los despachos judiciales del país.
La agenda académica abordará desafíos críticos como la perspectiva de género en la valoración probatoria, los límites del poder disciplinario y la gestión de macrocasos bajo alta exposición mediática. Según los organizadores, el encuentro busca mitigar errores en la prueba penal y fortalecer el control del razonamiento a través de los recursos legales. Esta discusión es vital para Colombia, considerando que el uso de algoritmos y la automatización judicial ya forman parte de los planes de modernización de la Rama Judicial para el periodo 2026-2030.
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Más allá de la teoría, este espacio se perfila como un diálogo plural entre la academia, el sector privado y el poder legislativo. En un momento donde la credibilidad de las instituciones es examinada con rigor, este foro pretende sentar las bases de una justicia más racional y humana. La convergencia de magistrados de todas las Altas Cortes asegura que las conclusiones del evento tengan un impacto real en la jurisprudencia y en la forma en que los jueces colombianos motivarán sus sentencias en la era de la transformación digital.
