La Fiscalía General de la Nación tomó una decisión trascendental en el marco de la investigación por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según reveló la agencia Colprensa, un fiscal de la Seccional Bogotá solicitará la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. La justicia busca determinar por qué la entidad no atendió los múltiples llamados de urgencia y las alertas de seguridad que el entonces senador había radicado antes del fatal ataque.
El crimen, que conmocionó al país el pasado 7 de junio de 2025, ocurrió en el parque El Golfito durante un acto público. Bajo la mirada de sus simpatizantes, un menor de 14 años logró vulnerar el esquema de seguridad y disparó en seis ocasiones contra el líder político. Este hecho puso bajo la lupa los protocolos de la UNP, ya que se ha documentado que el esquema de protección de Uribe presentaba deficiencias críticas que facilitaron el accionar del sicario. La imputación contra Rodríguez marca un precedente en la responsabilidad penal de los funcionarios encargados de custodiar la vida de los líderes de oposición.
Mientras el proceso contra el director de la UNP avanza, la justicia penal ya ha logrado avances significativos con los autores materiales. Katerine Martínez, alias «Gabriela», aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad en la entrega del arma homicida al menor ejecutor. Junto a ella, otros siete implicados enfrentan cargos, entre ellos Elder José Arteaga, señalado como el eslabón clave para llegar a los determinadores o autores intelectuales del asesinato. La red criminal utilizó una compleja logística que incluyó vehículos Spark y motocicletas para asegurar la huida del sicario tras el impacto fatal en el parietal del senador.
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Este caso ha reabierto el debate sobre la seguridad para candidatos presidenciales en Colombia de cara a los comicios de 2026. La omisión denunciada por la Fiscalía sugiere una falla sistémica en la valoración de riesgos por parte del Estado. De ser hallado culpable de prevaricato, Augusto Rodríguez podría enfrentar penas que oscilan entre los 48 y 144 meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El país queda a la espera de las audiencias que revelarán qué tan profundas fueron las negligencias en la protección de uno de los políticos más influyentes del país.
