El Ministerio de Transporte sostiene que el incremento del salario mínimo vital, decretado por el Gobierno y superior al de administraciones anteriores, no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de $350 en la tarifa de TransMilenio.
De acuerdo con la cartera, dicho ajuste representa un incremento tarifario del 10,9%, porcentaje que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) referente que tradicionalmente ha sido considerado dentro de los análisis tarifarios del transporte público urbano.
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Por ello, los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y deben ser abordados a partir de un análisis integral.
El ministerio considera que este análisis debe evaluar de manera diferenciada cuáles componentes de costo que inciden en la tarifa se indexan al IPC, cuáles responden al salario mínimo y cómo interactúan con otros factores relevantes.
A esto se suma la eficiencia operativa, la gestión contractual, los mecanismos de compensación y subsidio, y el impacto sobre la demanda.
En consecuencia, el aumento de esta variable, de forma aislada, no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado, señala el ministerio en un comunicado.
De conformidad con el marco normativo vigente, la facultad para fijar las tarifas del transporte público urbano corresponde a los entes territoriales, con base en sus propios análisis técnicos, operativos y financieros.
No obstante, el Ministerio de Transporte cuenta con competencia técnica para revisar, conceptuar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios, especialmente cuando estos generan impactos significativos sobre los usuarios y la sostenibilidad del sistema.
Esta competencia se ejerce en un contexto en el que la Nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal del sistema TransMilenio.
En este marco, recientemente se aprobó el convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha.
Si bien este convenio no se encuentra vinculado de manera directa con la definición de la tarifa ni compromete la operación y el mantenimiento del sistema, sí contempla impactos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria, lo que refuerza la necesidad de adoptar decisiones tarifarias técnica y fiscalmente responsables.
