La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la juez Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castillón, por haber concedido la libertad condicional al contratista Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados.
La indagación busca esclarecer la actuación de la funcionaria, tanto por el beneficio otorgado al contratista como por la demora en tramitar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, que consideró que la decisión no cumplía con los requisitos legales.
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El Ministerio Público sustentó su apelación en normas como el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario y el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, que exige la constitución de parte civil de las entidades afectadas en casos de corrupción contra la administración pública.
El proceso disciplinario contra Fernández Castillón se inició el 22 de abril de 2025, con la compulsa de copias por parte de la presidencia de la Comisión Seccional. En mayo se ordenó una indagación preliminar y, con base en las pruebas recolectadas, el 17 de septiembre se decidió abrir la investigación formal para determinar si la juez incurrió en una falta disciplinaria.
Emilio Tapia, señalado como el “cerebro” de Centros Poblados, fue condenado tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que lo responsabilizó de la maniobra fraudulenta con garantías bancarias falsas que permitió el desembolso de un anticipo de 70 mil millones de pesos nunca recuperados.
El contrato tenía como fin llevar internet a escuelas rurales y poblaciones vulnerables, pero terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia.
Colprensa
