Revisión del decreto de consulta popular; La Corte Constitucional seleccionó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar para que asuma el estudio del decreto 0639 de 2025, con el que el Gobierno convocó una consulta popular nacional prevista para el 7 de agosto. Ibáñez, quien también es ponente de la reforma pensional aprobada en el Congreso, tendrá a su cargo la revisión constitucional de este mecanismo de participación ciudadana.
La Secretaría General de la Corte certificó que, por sorteo realizado en Sala Plena el pasado 12 de junio, el expediente fue asignado al despacho del magistrado Ibáñez Najar, quien deberá estudiar si el decreto presidencial se ajusta a lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución, que exige el concepto favorable previo del Senado para este tipo de convocatorias.
El Decreto 0639 fue firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y todos sus ministros el 11 de junio. Según el Gobierno, la consulta fue convocada por vía excepcional, debido a que el Senado no se pronunció de forma válida dentro del plazo legal de 30 días, tal como lo autoriza el literal c del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015.
(También le puede interesar: Fiscal Camargo rechaza comisión especial que pidió Petro)
En el expediente también obra una solicitud formal de la senadora Paloma Valencia para que la Corte suspenda provisionalmente los efectos del decreto mientras se adelanta el estudio de fondo. La petición argumenta que permitir el avance de la consulta, sin que haya un pronunciamiento definitivo de la Corte, podría generar consecuencias jurídicas y presupuestales irreversibles.
Según el documento presentado, el concepto del Senado fue negativo el 14 de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esa votación no cumplió con los requisitos del principio de publicidad, lo que invalidaría el acto. Por ello, el decreto afirma que, al no haber concepto válido dentro del plazo legal, el Presidente estaba facultado para convocar la consulta por decreto.
A esta revisión también se sumó una intervención ciudadana presentada por Alexander Rojas, quien solicitó que se incluya una décimo tercera pregunta en la consulta, referida a la entrega de poder constituyente a una sociedad privada para la elaboración de una nueva Carta Constitucional. La Corte deberá decidir si admite esa intervención y si se pronuncia sobre su petición.
La asignación del expediente al magistrado Ibáñez coincide con la ponencia que este mismo jurista tiene sobre la reforma pensional aprobada recientemente. Esa coincidencia pone en su despacho dos de los temas más sensibles del momento en la agenda institucional: una transformación del sistema de pensiones y una consulta nacional que el Gobierno considera clave para destrabar su proyecto político.
(Colprensa)
