En un proceso judicial llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación, seis miembros activos del Ejército Nacional y un exintegrante fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en la retención ilegal, tortura y muerte de un civil en el municipio de Caucasia, en Antioquia. Los hechos ocurrieron en la zona rural entre el 20 y 21 de abril de 2023, y las víctimas fueron tres personas detenidas sin orden judicial.
Los procesados son el teniente en retiro Jahyr Stephen García Echaves, el cabo tercero Oscar Iván Joven Zúñiga, el sargento segundo Diego Alejandro Castillo Castillo y los soldados profesionales Alfredo Julio Basilio, Juan Camilo Navarro Galindo, Juan Esteban Regino Corrales y José Rafael Morales Donado. Todos fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y tortura contra persona protegida.
Ataques a la población civil
De acuerdo con los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, los militares habrían detenido a los tres civiles en el corregimiento de Cuturú, sin contar con una orden judicial válida. Posteriormente, fueron trasladados a la base de patrulla móvil del Batallón Rifles del Ejército Nacional, donde habrían sido sometidos a crueles tratos durante interrogatorios en los que se les cuestionó insistentemente sobre la ubicación de una caleta de dinero asociada a un grupo armado ilegal.
Durante este proceso de tortura, uno de los retenidos murió, aparentemente ahogado tras ser sumergido en un lago. Los otros dos sobrevivieron y, tras ser presentados ante un delegado de la Fiscalía, fueron liberados al no encontrarse pruebas suficientes para su judicialización.
El caso fue investigado a fondo, y los acusados fueron imputados formalmente por su responsabilidad en los hechos. A pesar de la imputación, los acusados no aceptaron los cargos. En la audiencia, el juez ordenó que los militares activos permanecieran bajo medida de aseguramiento en un centro de reclusión militar, mientras que García Echaves, el exteniente, continuará privado de la libertad en su lugar de residencia.
Este proceso es un ejemplo más de la continua lucha por el respeto a los derechos humanos en Colombia, donde las autoridades siguen buscando justicia frente a las graves violaciones cometidas en contra de civiles en el marco del conflicto armado. La Fiscalía continúa su investigación para esclarecer todos los detalles de este caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
