El tráfico ilegal de armas entre Colombia y Venezuela podría intensificar la crisis de seguridad en la frontera, tras los recientes ataques de Estados Unidos a territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hechos ocurridos en la madrugada del pasado 3 de enero. Expertos advierten que esta coyuntura pone en mayor riesgo los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana, una zona históricamente afectada por economías ilegales y presencia de grupos armados.
De acuerdo con analistas en seguridad, el comercio ilegal de armas se ha convertido en un negocio estratégico, que no solo facilita el intercambio de cargamentos de cocaína por material bélico, sino que también fortalece a organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en regiones críticas como Catatumbo, en Norte de Santander. Este fenómeno podría escalar el conflicto armado y agravar la violencia en zonas rurales.
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Aunque Colombia no cuenta con una base de datos consolidada sobre el tráfico de armas, cifras de inteligencia militar revelan un incremento significativo en las incautaciones. Entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2025, las autoridades decomisaron 1.643 armas cortas y 718 armas largas ilegales, superando los registros de 2024. Departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, sur de Bolívar y Catatumbo concentran gran parte de estas operaciones, muchas de ellas vinculadas al flujo de armamento desde Venezuela.
Uno de los factores que más preocupa a los expertos es la política del régimen venezolano de armar a civiles y crear milicias, una estrategia que se reforzó en agosto de 2025, cuando Maduro ordenó la entrega de fusiles y equipos a la ciudadanía bajo el denominado “Plan Nacional de Soberanía y Paz”. Según investigadores, esta práctica heredada desde los inicios del chavismo alimenta el mercado negro de armas y tiene un impacto directo en la seguridad del lado colombiano, al facilitar el desvío de armamento hacia grupos ilegales.
