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Por irregularidades, solicitan a la Aerocivil revocar la licitación para compra de equipos de radioayudas

La Procuraduría alertó sobre fallas en el proceso e incumplimientos en cronogramas, en contravía del principio de economía.

Bogotá, D.C, 17 de junio de 2024 (PGN_COL). Desde la Procuraduría han solicitado a la Aeronáutica Civil la revocación del acto de apertura de la licitación para la adquisición de equipos de radioayudas destinados a los aeropuertos de Bogotá, Cartagena, Rionegro y Cúcuta, tras hallar graves inconsistencias en los trámites procedimentales.

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El organismo de control, al revisar los documentos, identificó fallas en el cumplimiento de los cronogramas que podrían transgredir los principios de la contratación estatal. El procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia de la Función Pública, destacó que la Aeronáutica Civil, mediante adendas, modificó las fechas establecidas desde el inicio del proceso el 27 de diciembre de 2023, infringiendo normas de contratación y afectando los intereses de los oferentes.

La entidad señaló que la Aeronáutica Civil prorrogó el plazo de la licitación más allá de lo inicialmente fijado. La fecha de cierre, inicialmente establecida para el 6 de febrero de 2024, se extendió hasta el 13 de febrero, en contra de lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación. Además, el plazo de adjudicación, previsto entre el 24 y el 29 de febrero de 2024, se prolongó hasta el 7 de junio, contraviniendo los rigores normativos de la Ley 80 de contratación.

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El procurador delegado advirtió que estos hechos «podrían derivar en una nulidad o ineficacia del pleno derecho por violación a una norma imperativa de orden público y del principio de economía (artículo 1741 del Código Civil y artículo 44 de la Ley 80 de 1993)».

Ante estas consideraciones, el representante del ente de control solicitó a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de la licitación para adecuar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

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