La Procuraduría General de la Nación ha sancionado con destitución e inhabilidad general a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por su participación en la compra de 40 carrotanques con un sobrecosto superior a los $16 mil millones. Este incremento representó un aumento del 54% respecto a los precios reales del mercado, lo que generó un perjuicio significativo al patrimonio público.
Según el fallo de primera instancia, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 determinó que ambos exfuncionarios autorizaron un pago excesivo por los vehículos destinados a la atención de emergencias humanitarias en el departamento de La Guajira. En particular, se evidenció que cada uno de los 40 carrotanques adquiridos tuvo un costo de más de $412 millones, cifra que superó con creces el valor real de mercado.
La Procuraduría estableció que Olmedo López, en su calidad de exdirector de la UNGRD, ratificó la orden de proveeduría y aprobó el pago al contratista, afectando gravemente el patrimonio público. Asimismo, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, fue señalado por aprobar las cotizaciones, que superaban ampliamente el precio del mercado, y por certificar que los vehículos habían sido recibidos de manera satisfactoria, pese a que no cumplieron con los fines establecidos en el Decreto 2113 de 2022 para abastecer de agua potable a las comunidades de La Guajira.
En el caso de Pinilla, la Procuraduría también le imputó un segundo cargo relacionado con la mala ejecución del contrato, ya que los vehículos no fueron utilizados conforme a lo pactado, lo que agravó la situación.
Finalmente, la Procuraduría sancionó también al exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván, con destitución e inhabilidad general por 10 años. Meza Galván fue considerado responsable de facilitar el pago irregular al contratista, al rubricar la ratificación de la orden de proveeduría y participar en la actividad contractual que afectó al erario público.
La Procuraduría calificó las conductas de López, Pinilla y Meza Galván como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, destacando que su actuar contravino los principios de moralidad, eficacia y economía que deben regir la función pública.
