Procuraduría política de víctimas; La Procuraduría General de la Nación propuso este miércoles un diálogo nacional para revisar y fortalecer la Política Pública de Víctimas, ante las dificultades en su implementación, especialmente en lo relacionado con las garantías de no repetición, en medio de crisis humanitarias recientes como las registradas en Cauca y Catatumbo por desplazamientos masivos durante el primer trimestre de 2025.
La entidad indicó que, pese a los esfuerzos del Gobierno por incrementar el presupuesto destinado a las víctimas del conflicto armado, las necesidades de la población superan con creces la capacidad institucional y financiera disponible.
A propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Ministerio Público señaló que es necesario mejorar los procesos de planeación, fortalecer la articulación entre el nivel nacional y los territorios, y aumentar la capacidad institucional en las regiones.
Entre los principales problemas detectados, la Procuraduría advirtió sobre la falta de políticas específicas para la estabilización socioeconómica de las personas afectadas por desplazamientos forzados y otras emergencias humanitarias, así como barreras de acceso a los programas del Estado en zonas rurales y en el exterior.
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Según cifras de la entidad, solo el 12 % de las 9,8 millones de víctimas reconocidas desde 2004 ha recibido indemnización. Para saldar esta deuda histórica, se requerirían cerca de $83 billones de pesos, de acuerdo con el cálculo más reciente de la Contraloría General de la República.
El procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Javier Sarmiento Olarte, explicó que la presencia institucional se ha visto limitada por la violencia persistente en varias regiones, donde grupos armados disputan el control de los territorios y economías ilegales dejadas por las extintas Farc, generando nuevas víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios, amenazas, violencia sexual y reclutamiento de menores.
Durante 2024 se registraron 235 emergencias humanitarias en 23 municipios, entre desplazamientos forzados masivos y confinamientos, que afectaron a 320.000 personas.
Solo en Catatumbo, en los primeros meses de 2025, más de 80.000 personas resultaron afectadas por hechos similares, según reportes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La Procuraduría también alertó por el aumento de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra actores humanitarios, quienes sufrieron 208 hechos de violencia y amenazas en departamentos como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Caquetá.
(Colprensa)
