La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos contra Nicolás Fernando Petro Burgos, exdiputado del departamento del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento patrimonial injustificado durante la vigencia de 2022. La decisión fue anunciada este 29 de septiembre de 2025 por la entidad, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico.
Según la investigación preliminar, Petro Burgos habría generado un aumento patrimonial no explicado, tanto a su favor como al de su expareja, Dayssuris del Carmen Vásquez Castro. De acuerdo con las pruebas, los ingresos netos que el exdiputado percibía por su labor en la Asamblea Departamental del Atlántico serían inferiores a los gastos realizados durante ese mismo año, lo que levanta sospechas sobre el origen de los recursos adicionales.
El expediente disciplinario reúne testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que demostrarían la existencia de ese incremento patrimonial. Dichos elementos fueron evaluados por el Ministerio Público, que concluyó que los recursos no provendrían de la actividad política formal de Nicolás Petro como miembro de la Asamblea.
La Procuraduría señaló que este proceso hace parte de su deber de velar por la transparencia en la gestión pública y de sancionar cualquier conducta que comprometa la ética de los servidores o exservidores estatales. La entidad resaltó que el análisis sobre las finanzas personales y familiares de Nicolás Petro busca determinar si existió un manejo irregular del dinero que pueda configurar una falta disciplinaria grave.
De confirmarse estas irregularidades, el caso podría tener consecuencias significativas en el ámbito político y disciplinario para el hijo del presidente, quien en los últimos años ha enfrentado cuestionamientos judiciales y mediáticos por presuntos actos de corrupción y manejos financieros irregulares. La investigación también involucra a su expareja, Dayssuris Vásquez, quien ya ha sido protagonista de denuncias públicas relacionadas con el escándalo.
El organismo de control aclaró que, con la expedición del pliego de cargos, se abre la etapa de juzgamiento disciplinario, en la cual Nicolás Petro tendrá derecho a ejercer su defensa y aportar pruebas que respalden su versión de los hechos. El proceso se adelantará bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales que la Procuraduría asegura mantener en todos sus procedimientos.
El anuncio ha generado amplia atención en la opinión pública, pues se trata de una investigación de alto perfil que involucra directamente al círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Para el Ministerio Público, este caso representa una oportunidad de reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de control y demostrar que los procesos disciplinarios se aplican con independencia, incluso frente a figuras de relevancia política nacional.
De esta manera, la Procuraduría General de la Nación avanza en un expediente que, más allá de las implicaciones individuales para Nicolás Petro Burgos, también tendrá un impacto en la percepción de la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
