En un giro crucial dentro del escándalo de corrupción que se gestó en las entrañas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector Olmedo López ha soltado su carta más comprometedora, la matriz completa colaboradores en el escándalo de corrupción de la entidad, pieza clave de su principio de oportunidad. Un documento que, más allá de mostrar cómo se llevó a cabo el entramado, es una bomba política de alto calibre que sigue erosionando los cimientos del gobierno Petro en su discurso anticorrupción.
Durante la más reciente audiencia ante la Fiscalía, López no solo reiteró su rol como testigo clave sino que presentó —con nombres y cargos — el engranaje de un entramado de corrupción que, según sus revelaciones, fue diseñado y operado desde lo más alto del poder. El testimonio de López no deja títere con cabeza: ministros, congresistas, asesores y funcionarios de alto nivel aparecen involucrados en lo que ya se perfila como una de las redes de saqueo institucional más descaradas de los últimos tiempos.
La matriz entregada a la justicia no es solo un listado de nombres: es un mapa del poder real, donde se cruzan favores políticos, contratos direccionados y el uso del aparato estatal como botín. Un documento que demuestra que la UNGRD, creada para atender emergencias y prevenir desastres, fue convertida en una chequera paralela al servicio de ambiciones personales y cuotas burocráticas.
Entre los señalados figuran nombres ya conocidos en el radar de la justicia como Sneyder Pinilla, mano derecha de López, y otros pesos pesados del actual gobierno: Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. También aparecen asesores con alto nivel de influencia como María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo, así como una nómina de congresistas que, de comprobarse su participación, estarían directamente vinculados a delitos que van desde el cohecho hasta la financiación ilícita de campañas. Entre ellos, destacan: Iván Name, Andrés Calle, Martha Peralta, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur y Julián Peinado.
Algunos de los implicados ya enfrentan procesos, otros apenas han sido tocados por la lupa de la Fiscalía, y varios aún se mueven en la sombra, operando con total impunidad. Pero el testimonio de López —si logra sostenerse con pruebas sólidas— podría reconfigurar el mapa judicial y político del país.
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En este contexto, el expediente Olmedo López no puede leerse sólo como una entrega de información judicial. Es, sobre todo, una invitación a mirar sin ingenuidad el poder, a entender cómo se tejen las alianzas, cómo se negocia el silencio y cómo se trafican influencias desde la institucionalidad. El desafío ahora será que la justicia no seleccione culpables por conveniencia política, sino que actúe con la contundencia que exige la gravedad del caso.
