Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegó este martes a la Corte Suprema de Justicia para declarar en el proceso contra la senadora Berenice Bedoya, a quien señaló de solicitar contratos a cambio de respaldo político. El exfuncionario afirmó que su intención es contar la verdad y reiteró que espera concretar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
“Vengo a decir la verdad, acudiré a la justicia y sigo esperando el preacuerdo”, aseguró López al ingresar al alto tribunal, donde rindió testimonio como pieza clave en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno.
En su declaración, López involucró directamente a la senadora Martha Peralta, a través de quien Bedoya habría solicitado contratos en Meta y Casanare para asegurar votos favorables en la discusión de la reforma pensional. Para respaldar su versión, mostró conversaciones de WhatsApp en las que se evidencian solicitudes de proyectos para estas regiones.
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El exdirector relató que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le pidió que se “entendiera” con la senadora Peralta y la apoyara. En uno de esos encuentros apareció Bedoya, quien habría insistido en que se gestionaran contratos específicos.
La colaboración de López ocurre mientras negocia un principio de oportunidad con la Fiscalía. El exfuncionario enfrenta un proceso por direccionamiento de contratos y desvío de recursos durante emergencias declaradas entre 2023 y 2024. Según la Fiscalía, esta red de corrupción habría desviado más de 20.000 millones de pesos mediante la adjudicación irregular de proyectos.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y calificó a López como un “ladrón de recursos públicos confeso” y “traidor”. Estas palabras fueron respondidas por López en una carta enviada a la Corte, en la que afirmó que esas declaraciones ponen en riesgo su vida, recordando su pasado en el M-19 y señalando que en esa organización ser tildado de traidor equivalía a “poner precio a su cabeza”.
El abogado de López, Luis Gustavo Moreno, denunció intentos de soborno por 10.000 millones de pesos y amenazas contra la defensa. Además, reveló que hombres armados intentaron ingresar a la residencia donde se preparaba el caso, llevándose documentos clave.
La investigación de la Corte también involucra a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, actualmente presos, quienes habrían recibido 4.000 millones de pesos en sobornos para facilitar el trámite de las reformas del Gobierno. Dichos dineros fueron entregados en efectivo y posteriormente cubiertos con fondos desviados del contrato de carrotanques para La Guajira, que resultaron inoperantes.
Con este nuevo testimonio, la Corte Suprema busca esclarecer hasta qué punto congresistas y funcionarios se beneficiaron de la red de corrupción en la UNGRD, considerada uno de los casos más graves en la historia reciente del país.
Colprensa
