Bogotá, 24 de junio de 2024 – Colombia se encuentra nuevamente envuelta en un escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales, conocidas popularmente como «chuzadas». Recientes revelaciones han expuesto la persistencia de estas prácticas, afectando a la Corte Suprema de Justicia y a varias figuras públicas prominentes.
El Retorno de las Chuzadas
El país tiene una historia de escándalos de interceptaciones, notablemente durante el gobierno de Álvaro Uribe. En esa época, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue acusado de espiar a magistrados, políticos y periodistas sin autorización judicial. Estas acciones buscaban obtener información confidencial y desprestigiar a la Corte Suprema en momentos clave de investigaciones sensibles, como la parapolítica.
María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fue implicada en coordinar estas interceptaciones. Según las investigaciones, Hurtado ordenó infiltraciones en la Corte Suprema, grabando reuniones privadas y manipulando la información recolectada para favorecer intereses específicos.
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Nuevas Revelaciones
En las últimas semanas, han surgido nuevas pruebas que indican que estas prácticas continuaron más allá del DAS. Miembros de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) han sido acusados de colaborar en la manipulación de informes y en la organización de reuniones clandestinas para coordinar interceptaciones ilegales. Estas actividades han implicado a funcionarios de alto rango y revelado una red de espionaje que amenaza la independencia judicial del país.
Grabaciones obtenidas durante las investigaciones muestran cómo se utilizó tecnología avanzada para evadir los controles de seguridad de la Corte Suprema y registrar conversaciones privadas de magistrados. Estas interceptaciones permitieron a los espías acceder a información confidencial sobre decisiones judiciales y discusiones internas del tribunal.
Reacciones y Consecuencias
Las revelaciones han generado una fuerte reacción en la opinión pública y en la comunidad internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han condenado estas prácticas, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y regulación en las actividades de inteligencia.
La Fiscalía General de la Nación ha asegurado que llevará a los responsables ante la justicia y continuará con las investigaciones para prevenir futuras violaciones. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha reafirmado su compromiso con la independencia judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos, destacando la importancia de mantener la integridad de las instituciones democráticas del país.
Este escándalo subraya la urgente necesidad de implementar controles más estrictos sobre las actividades de inteligencia en Colombia, asegurando que se respeten los derechos fundamentales y se mantenga la confianza en las instituciones.
La situación sigue desarrollándose, y se espera que nuevas revelaciones y medidas judiciales arrojen más luz sobre el alcance y las implicaciones de estas prácticas de interceptación ilegal.
