El Instituto Nacional de Medicina Legal identificó nueve de los 10 cuerpos recibidos tras la Operación Amón en El Retorno, Guaviare; entre ellos hay tres menores de edad.
Identificación tras la Operación Amón
Los cuerpos fueron recibidos el 29 de agosto, dos días después de las acciones militares realizadas por la Fuerza Pública en zona rural de El Retorno. Medicina Legal informó que uno de los cadáveres permanece en abordaje forense debido a su estado.
Entre los nueve cuerpos identificados, cuatro son femeninos y cinco masculinos. La entidad precisó además que tres de las personas identificadas eran menores de edad, sin divulgar sus identidades ni otros datos individuales.
El Ministerio de Defensa ubicó los hechos en una operación conjunta y coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, desarrollada el 27 de agosto. La cartera señaló que hubo un ataque aéreo estratégico sobre tres zonas campesinas cercanas al río Inírida, contra una estructura del Bloque “Jorge Suárez Briceño”.
Esa estructura, indicó Defensa, era dirigida por alias “Cotrizar” y pertenecía a la facción de alias “Calarcá”. El ministerio sostuvo que en la operación fueron neutralizados 10 integrantes, a quienes calificó como combatientes, y que una persona más fue capturada.
Defensa reportó armas y menor recuperado
La cartera también reportó la recuperación de un menor de edad en función continua de combate, a quien, afirmó, le fueron restablecidos sus derechos. En su comunicado, Defensa vinculó la presencia de menores con el reclutamiento y utilización por parte de grupos armados organizados.
De acuerdo con el reporte oficial, tres de los 10 muertos eran menores: dos tenían 15 años y uno 16. El Ministerio de Defensa atribuyó al Instituto Nacional de Medicina Legal ese establecimiento y calificó el reclutamiento de menores como un crimen de guerra y una grave infracción al derecho internacional humanitario.
En el lugar del bombardeo, Defensa informó la incautación de 19 fusiles, 7 ametralladoras y 15 armas cortas, además de un mortero de 60 milímetros, granadas, proveedores, minas antipersona, municiones y otros elementos. El reporte incluyó 184 minas antipersona y más de 29.000 municiones.
El Ministerio sostuvo que la operación cumplió los estándares legales para ataques aéreos estratégicos durante su planeamiento y ejecución, y que se practicaron los actos urgentes exigidos por la ley, incluida la entrega de los cuerpos a Medicina Legal.
Los ministerios de Justicia y Defensa avanzan en una mesa de trabajo para fortalecer la respuesta estatal frente al reclutamiento y uso de menores por estructuras armadas. La convocatoria prevista incluye a la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes para definir una ruta integral.
La ruta planteada contempla posibles ajustes penales, agravación de sanciones y el fortalecimiento de la persecución de las cadenas de mando y las redes de captación. Medicina Legal, por su parte, ratificó su compromiso con la independencia técnica y la transparencia en la administración de justicia.
