Aunque el Gobierno por medio del Decreto 467 de 2025 levantó la conmoción interior en Catatumbo, mantiene activas 11 medidas excepcionales para estabilizar y proteger esta región.
“Esto no significa el retiro del Estado, significa su transformación. Ya no estamos en lógica de emergencia, ahora estamos en lógica de reconstrucción, de garantía de derechos, de presencia civil sostenida y el Ministerio de Defensa seguirá siendo parte fundamental de esa ecuación”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.
Entonces lo que sigue ahora es la transición de la seguridad de emergencia a un enfoque de estabilización territorial. También se mantendrán activas las medidas contra los corredores del narcotráfico y los puntos de extracción minera ilegal.
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En el mismo sentido, se protegerán los avances sociales logrados, se hará acompañamiento seguro a los procesos de retorno y movilidad, se continuará en la lógica de contención efectiva de las economías ilícitas y sobre todo se mantendrá la presencia integrada del Estado en el territorio.
La nueva oleada de violencia en el Catatumbo comenzó el pasado 15 de enero. Ese día asesinaron a Miguel Ángel López, el único funerario de Tibú y su familia, incluido su bebé de seis meses, y aunque se dijo que ese habría sido el detonante de la guerra, el presidente Gustavo Petro reveló las verdaderas intenciones del ELN.
Según el mandatario, un mes antes ese grupo movió tropas desde el departamento de Arauca, por Venezuela, para orquestar una guerra planeada contra las disidencias por el control de la frontera.
Desde que empezaron los enfrentamientos, estos han dejado un saldo de al menos 56 personas muertas y 54.098 desplazadas. De acuerdo con datos del PMU de la Gobernación de Norte de Santander, la mayoría de los desarraigados se han movilizado hacia Cúcuta (24.976), Tibú (13.376) y Ocaña (10.228), generando una crisis de atención humanitaria en estas zonas.
(Colprensa)
