La integridad de las próximas elecciones al Congreso de la República se encuentra bajo la lupa tras la fuerte exigencia de la Red de Veedurías de Colombia. El organismo, liderado por Pablo Bustos, ha solicitado formalmente el retiro de las listas de candidatos de la actual senadora Berenice Bedoya y su fórmula a la Cámara de Representantes, Juan David Flórez, conocido como “el Itagüiseño”. La petición surge tras una serie de denuncias radicadas ante la Corte Suprema de Justicia que cuestionan la idoneidad ética y política de ambos aspirantes.
Entre los señalamientos más graves que pesan sobre Bedoya se encuentran presuntos nombramientos irregulares de familiares y la adjudicación de contratos «a dedo». Uno de los casos que más ha generado indignación es el relacionado con el acueducto de Yarumal, un proyecto cercano a los $10.000 millones de pesos, el cual habría sido gestionado bajo irregularidades administrativas. Estas acusaciones han puesto en entredicho la transparencia de su gestión y su capacidad para representar nuevamente a los ciudadanos en el legislativo.
Sumado a los escándalos de contratación, la denuncia incluye testimonios sobre el presunto cobro de coimas a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Esta práctica, conocida popularmente como «pedir el sueldo» a los dependientes, constituye una falta gravísima que la Red de Veedurías califica como una conducta que amerita sanciones éticas y políticas inmediatas. Por su parte, Juan David Flórez también es objeto de escrutinio como parte de esta estructura política que hoy enfrenta procesos judiciales abiertos.
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La presión social y jurídica busca evitar que figuras con múltiples cuestionamientos lleguen a las urnas en marzo de 2026. La Corte Suprema de Justicia deberá evaluar las pruebas presentadas a comienzos de la semana pasada para determinar si existen méritos para una investigación formal.
