A menos de 15 días para las elecciones al Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alarmante advertencia sobre los riesgos electorales en la región del Catatumbo. Según el Ministerio Público, estructuras armadas al margen de la ley están ejerciendo presión sobre la población civil, afectando especialmente a los firmantes de paz. En zonas rurales como Caño Indio, en Tibú, el desplazamiento forzado se perfila como la principal barrera que impediría el libre ejercicio del derecho al voto para cientos de ciudadanos.
La situación de orden público en Norte de Santander se ve agravada por ataques sistemáticos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Defensoría destaca que los integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) enfrentan un riesgo marcado de homicidios, atentados e intimidaciones. Estas acciones no solo buscan silenciar las voces locales, sino también desestabilizar la gobernabilidad en departamentos como Cauca, Chocó, Arauca y el Valle del Cauca, donde el «desplazamiento institucional» ya es una realidad preocupante.
El panorama se extiende a los servidores públicos y periodistas, quienes han sido blanco de restricciones a la movilidad y ataques directos. El Ministerio Público subrayó que la labor informativa se encuentra bajo amenaza debido a la exacerbación de la opinión pública y las presiones de grupos ilegales que buscan incidir en la gestión electoral. El riesgo es latente en Cundinamarca y Tolima, lo que sugiere una expansión de estas tácticas de control territorial hacia el centro del país.
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Tras el mapa de riesgo se encuentran organizaciones como el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y diversas disidencias de las Farc, incluyendo la Segunda Marquetalia y el Nuevo Estado Mayor Central. Estos grupos, junto a bandas de criminalidad organizada, han sido identificados como las principales fuentes de amenaza que hoy ponen en jaque la transparencia y seguridad de los comicios de 2026. El Gobierno Nacional enfrenta el reto de garantizar la presencia estatal para evitar que las armas decidan el futuro del Legislativo.
