El Hospital de Usme, una de las obras de infraestructura en salud más esperadas por los habitantes del sur de Bogotá, inició finalmente una apertura parcial con 12 servicios habilitados desde el pasado 18 de febrero. Sin embargo, este hito se ve empañado por las graves advertencias de la Contraloría de Bogotá, que señala que el proyecto acumula un retraso de 37 meses y un presupuesto que prácticamente se duplicó, superando actualmente los 280.000 millones de pesos. Aunque la obra reporta un avance del 97%, persisten fallas críticas que impiden su funcionamiento total.
Según el ente de control, la construcción proyectada originalmente para entregarse en mayo de 2023 ha sufrido múltiples prórrogas bajo la gestión del Consorcio Nuevo Hospital de Usme. La interventoría atribuye estas demoras a deficiencias en la gestión técnica y operativa del contratista. Además de los sobrecostos millonarios, la mayor preocupación radica en el sistema eléctrico, el cual carece de la certificación necesaria para garantizar una operación segura y completa de los 33.000 metros cuadrados de la edificación.
A pesar de los cuestionamientos, la Alcaldía Mayor y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur defienden la gestión actual, asegurando que se han adelantado procesos sancionatorios por incumplimientos. El Distrito estima que para junio de 2025 el centro asistencial contará con la totalidad de su capacidad operativa, incluyendo sus 221 camas y cinco quirófanos. No obstante, la Contraloría mantiene la lupa sobre la «sucesión de anuncios» que ha postergado sistemáticamente la fecha de entrega final, afectando a cerca de 500.000 ciudadanos.
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Por el momento, el hospital opera servicios de mediana complejidad como Cardiología, Urología, Pediatría y Ginecología, dirigidos a usuarios asignados a la Subred Sur. La comunidad de la localidad de Usme, que ha esperado estas instalaciones desde el año 2020, exige que la tecnología biomédica avanzada prometida sea activada sin más dilaciones. El caso se ha convertido en un símbolo de los desafíos de la contratación pública en Bogotá, donde la infraestructura social parece estar atrapada entre adiciones presupuestales y fallas técnicas.
