La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación han abierto investigaciones contra el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, y varios de sus funcionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2025.La denuncia, interpuesta por la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado (VEERJURÍDICA), señala posibles delitos como tráfico de influencias, conflicto de interés, fraude procesal e interés indebido en la celebración de contratos.
El contrato, que supera los 18 mil millones de pesos, fue adjudicado inicialmente a un proponente que terminó siendo descartado. En su lugar, el contrato pasó a una unión temporal en la que participa Comercializadora Disfruver S.A.S., empresa previamente sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).Según la denuncia, esta empresa no cumplía con los requisitos legales para participar en la licitación, ya que había sido multada por 790.850.780 pesos en 2019 por prácticas anticompetitivas dentro del PAE en Bogotá.Graves Irregularidades en Contrato del PAE en Neiva
Certificados falsificados y posible fraude procesal
Uno de los aspectos más graves del caso es la presunta presentación de documentos falsos para obtener la adjudicación. De acuerdo con la denuncia, la empresa habría presentado un certificado de inexistencia de sanciones, a pesar de que su historial de multas la inhabilitaba para participar en el proceso. Este hecho podría configurar fraude procesal y falsedad en documento privado, delitos contemplados en el Código Penal Colombiano.
Además, en la denuncia se señala que personas con vínculos contractuales con la Alcaldía de Neiva, como Yaneth López Audor (contratista bajo el CPS 013 de 2025) y Lisbet Paola Trujillo Rodríguez, habrían contactado trabajadores y propietarios de bodegas para gestionar espacios y personal para la empresa beneficiada antes de que la adjudicación fuera oficial. Esto sugiere que la adjudicación ya estaba previamente acordada, lo que refuerza la hipótesis de un direccionamiento indebido del proceso.
Vínculos de funcionarios con la empresa beneficiada
Graves Irregularidades en Contrato del PAE en Neiva
Según la denuncia presentada por el abogado Kevin Oliver Keep, presidente de VEERJURÍDICA, la Secretaría de Educación de Neiva habría negociado directamente con la empresa sancionada para garantizarle la adjudicación del contrato, lo que constituye una grave violación a los principios de transparencia y libre competencia en la contratación pública.
Además, se han documentado posibles conflictos de interés, ya que la contratista Yaneth López Audor, cuya labor es supervisar la ejecución del PAE, habría participado en la gestión de personal para la empresa adjudicataria. Esto implicaría que funcionarios de la administración municipal estarían favoreciendo de manera irregular a una empresa que no cumplía con los requisitos de la licitación.
Posibles delitos e intervención de organismos de control
La denuncia argumenta que los hechos podrían configurar delitos como:
•Conflicto de interés: Funcionarios públicos habrían intervenido en el proceso en beneficio de un operador específico.
•Tráfico de influencias: Se habrían aprovechado relaciones con la Alcaldía de Neiva para direccionar la adjudicación.
•Interés indebido en la celebración de contratos: La empresa sancionada habría sido favorecida sin cumplir requisitos legales.
•Fraude procesal: Se habrían falsificado documentos para obtener la adjudicación.
•Abuso de función pública: Funcionarios habrían utilizado su cargo para interferir en la adjudicación.
•Falsedad en documento privado: Se habrían presentado certificaciones falsas sobre la inexistencia de sanciones.
Graves Irregularidades en Contrato del PAE en Neiva
Exigen anulación del contrato
Ante la gravedad de las denuncias, VEERJURÍDICA ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Bolsa Mercantil de Colombia que investiguen a fondo el caso y tomen las medidas correspondientes. Entre las peticiones se encuentran:
1.Investigación penal contra el alcalde de Neiva, la Secretaría de Educación y los supervisores del contrato.
2.Investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría contra los funcionarios implicados.
3.Revisión de la Bolsa Mercantil para determinar si la empresa presentó documentación falsa.
4.Anulación del contrato y sanciones a los responsables.
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