La Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe responder hoy, 16 de febrero, a la Procuraduría General de la Nación respecto a preocupaciones planteadas por arrendatarios y la comunidad. El Ministerio Público señaló falta de planificación e improvisación en los procesos contractuales y el futuro de los baldíos de protección especial. La reunión, liderada por delegados para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, junto con la Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, tuvo lugar en Cartagena, Bolívar.
La Procuraduría alertó sobre la incertidumbre y el «limbo jurídico» de los arrendatarios de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo. A pesar de que sus contratos con la ANT han vencido, continúan pagando arrendamientos sin que se definan las nuevas condiciones contractuales.
Se requirió a la ANT que atienda de manera urgente las dudas y preocupaciones, especialmente respecto a la falta de claridad jurídica e informalidad en los procesos de contratación para los nuevos arrendamientos y la recuperación de baldíos ocupados indebidamente.
El mayor punto de preocupación radica en los contratos de ocupación vencidos en diciembre de 2023, los cuales debían entregarse el 3 de febrero de 2024. A pesar de la normativa establecida desde febrero del año anterior, que define los parámetros y condiciones para los nuevos procesos de contratación, esta disposición sigue sin resolverse.
Finalmente, la Procuraduría dejó claro que las advertencias y recomendaciones emitidas en su vigilancia preventiva no implican coadministración o intromisión en las decisiones estatales.
