Un revés se presentó con la imputación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
En la primera sesión de la diligencia, que se presentó este miércoles, la fiscal María Cristina Patiño planteó que Manrique debe ser imputado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.
Sin embargo, el abogado defensor impugnó la competencia de la juez, al argumentar que los hechos materia de investigación se presentaron cuando Manrique Soacha estaba al mando del Departamento de la Función Pública, razón por la cual la imputación debía haberse hecho ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y no ante un juez de control de garantías.
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Luego de estudiar la solicitud, la jueza 66 de control de garantías de Bogotá rechazó los argumentos presentados por la defensa y aseveró que su despacho sí es competente para conocer el proceso. Sin embargo, envió el caso a la Corte Constitucional para que sea el alto tribunal quien tome la decisión final.
Las pruebas en contra de Manrique Soacha se basan principalmente en documentos y testimonios aportados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, pero también en la declaración de Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo, quien ya fue condenado a tres años y siete meses de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía y quien ha dicho que todo lo hizo en coordinación con su exjefe.
Por eso, Manrique Soacha está siendo imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También están siendo imputados el abogado Édgar Riveros Rey; los contratistas Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo; el representante de ventas Édgar Echeverri Toro; el jefe de ventas Francisco Javier Estupiñán Bravo; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; así como Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidas por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El Pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya fueron imputados.
