Impedimento esposa ministro de Salud; La congresista Catherine Juvinao denunció que Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores en la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, había declarado un impedimento para tramitar temas relacionados con el Hospital San Rafael de Leticia, a cuya interventora habría presionado para que firmara un millonario contrato.
Esto la llevaría a incurrir en una presunta falta disciplinaria gravísima, por lo cual le pidió al procurador general, Gregorio Eljach, intervenir.
De acuerdo con Juvinao, la funcionaria declaró su impedimento debido a su relación de primer grado de afinidad con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; pero, como lo mostró el audio revelado por el periodista Daniel Coronell, habría continuado participando en decisiones administrativas relacionadas con el proyecto de construcción y dotación de un buque hospital para el centro asistencial de Leticia, Amazonas, una iniciativa cofinanciada por el Ministerio de Salud con más de $55.000 millones de pesos.
“El impedimento en el caso del Hospital San Rafael es claro, por cuanto el proyecto de inversión es cofinanciado por el Ministerio de Salud, en virtud de la Resolución 1315 del 26 de julio de 2024”, explicó Juvinao. Esta resolución sustenta una inversión total de $73.540 millones para la infraestructura móvil, de los cuales el Ministerio aportaría más del 70 %.
En abril y agosto de 2024, la congresista envió derechos de petición a la Superintendencia de Salud solicitando el listado completo de actuaciones y posibles conflictos de interés de la doctora Gómez. En respuesta, el 9 de septiembre, la entidad entregó un documento que confirmaría que la funcionaria había presentado un impedimento específicamente sobre la E.S.E. Hospital San Rafael.
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Según dicho documento, el impedimento se relaciona con “actuaciones administrativas en las que se presenta competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social en la prórroga ejecutiva” de la intervención forzosa del hospital, medida que ha sido extendida en cuatro ocasiones desde 2020.
La denuncia surge tras la publicación de un reportaje del periodista Daniel Coronell en Los Danieles, donde se revelan presuntas presiones ejercidas por la superintendente delegada para acelerar la firma del contrato del buque hospital. En una grabación conocida por el medio, una voz atribuida a Gómez Consuegra habría exigido a funcionarios del hospital firmar de inmediato o presentar la renuncia.
“Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia; es más, de una vez”, se escucha en uno de los audios, donde presuntamente Gómez habría sostenido una conversación con la agente interventora Lina Baracaldo y el asesor jurídico Mario Castro. Ambos funcionarios manifestaron su negativa a firmar el contrato por la falta de disponibilidad presupuestal.
De acuerdo con Juvinao, presionar la firma de un contrato sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) viola el Decreto-Ley 111 de 1996, lo cual podría derivar en responsabilidades penales y disciplinarias. La congresista señaló que el despido de la agente interventora Lina Baracaldo, el 1 de abril, fue consecuencia directa de su negativa a firmar el contrato.
“Lo que se denuncia no es la compra de buques-hospital, sino que se estarían firmando contratos sin cumplir los requisitos legales y en contra de los propios impedimentos de la funcionaria”, concluyó Juvinao.
Juvinao anunció que presentará solicitudes formales ante los entes de control para que se investigue disciplinaria y penalmente a la superintendente delegada. Además, reiteró que el sector salud no puede convertirse “en el fortín de una pareja de esposos que irrespetan las leyes y normas aplicables en virtud de su relación marital”.
(Colprensa)
