El bolsillo de los conductores colombianos acaba de recibir el mayor alivio del que se tenga registro en la historia de la movilidad del país. En una intervención de dimensiones sin precedentes, el Gobierno Nacional puso freno en seco a la imposición desproporcionada e irregular de sanciones a través de medios tecnológicos.
Tras una exhaustiva auditoría liderada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, las autoridades destaparon un alarmante entramado de fallas técnicas y vacíos legales que deja sin validez a más de 7,5 millones de comparendos emitidos a lo largo y ancho del territorio nacional.
La severa inspección demostró que decenas de alcaldías convirtieron los radares en auténticas «cajas registradoras» clandestinas, vulnerando el debido proceso de los ciudadanos.
Radiografía del abuso: 37 organismos de tránsito a responder
La Superintendencia de Transporte ya notificó la apertura de investigaciones administrativas formales en contra de 37 organismos de tránsito municipales y distritales. Los hallazgos de los peritos revelaron que estas entidades operaban sus Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST) ignorando por completo la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
La falla más crítica detectada radica en que las cámaras capturaban supuestas infracciones sin contar con los conceptos de desempeño vigentes expedidos por el Instituto Nacional de Metrología (INM), lo que significa que los equipos no estaban debidamente calibrados ni autorizados para sancionar.
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Durante una rueda de prensa, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fijó una postura tajante frente a las irregularidades del modelo de control vial:
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.
Así operaban el tramposo negocio de las cámaras de tránsito
La auditoría institucional sacó a la luz el descarado modus operandi con el que operaban las administraciones investigadas, agrupándolas en tres graves modalidades de fraude:
Sin acreditación: 12 organismos de tránsito encendieron y multaron activamente con cámaras que no poseían ningún tipo de aval técnico de desempeño.
Suplantación de documentos: 7 secretarías de movilidad utilizaron de manera irregular certificaciones pertenecientes a terceras personas para camuflar y justificar su operación.
Avales tardíos: Otras 18 administraciones locales tramitaron el permiso legal a las carreras y meses después de haber empezado a registrar capturas fotográficas y a emitir las correspondientes penalidades financieras.
¿Qué pasa con las multas vigentes y los que ya pagaron?
El impacto económico e inmediato de esta decisión se divide en dos grandes frentes que benefician de manera directa a la ciudadanía afectada por el fenómeno de las fotomultas ilegales en Colombia 2026:
Revocación masiva de deudas: El Gobierno ordenó la revocación de oficio de 5.832.906 comparendos que estaban pendientes de cobro. Estas sanciones han quedado completamente eliminadas del sistema y sin valor legal.
Bolsa de devolución multimillonaria: La lupa judicial se posa sobre 1.582.398 fotomultas que ya fueron pagadas por los conductores incautos. Esto configura un recaudo ilegal que supera los $1,05 billones de pesos, dinero que las alcaldías implicadas estarán obligadas a reintegrar a los afectados.
Las capitales con los cobros más inflados
El informe de la Supertransporte puso en evidencia cuáles son las ciudades principales del país donde se concentró la mayor cantidad de detecciones bajo sospecha técnica:
Cali: Encabeza el deshonroso listado con la escandalosa cifra de 2,7 millones de fotomultas bajo investigación.
Medellín: Registró 717 mil detecciones irregulares.
Bogotá: Presenta cerca de 294 mil comparendos en el ojo del huracán.
Barranquilla: Supera las 131 mil capturas dudosas.
Si las investigaciones administrativas confirman la totalidad de los pliegos de cargos formulados, las consecuencias para los alcaldes y directores de tránsito locales serán catastróficas. No solo tendrán que devolver hasta el último peso cobrado de manera indebida, sino que encaran multas de ley equivalentes al doble del dinero captado de forma fraudulenta, lo cual elevaría las sanciones globales en su contra por encima de los $2,1 billones de pesos. El millonario negocio de las fotomultas sin control en Colombia parece haber llegado a su fin.
