Familia de Duterte Supremo TPI
Verónica y Sebastián Duterte, hijos del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, han recurrido este miércoles al Tribunal Supremo del país en un último intento por evitar que el exmandatario, que se encuentra rumbo a La Haya tras hacer una parada en Dubái, sea entregado al Tribunal Penal Internacional (TPI).
Salvador Panelo Jr., uno de los abogados de Duterte, ha presentado un recurso de habeas corpus de carácter «urgente» ante la corte, siguiendo la petición de sus hijos, quienes buscan que sea traído de vuelta a Filipinas cuanto antes. Ambos han argumentado que la detención de su padre, acusado de cometer crímenes contra la humanidad en el marco de las políticas implementadas durante su mandato para hacer frente al consumo y tráfico de drogas, «viola el Derecho Internacional» y la «soberanía de Filipinas».
«Es evidente que este arresto constituye una grave violación de sus derechos fundamentales con base en la Constitución filipina de 1987, los principios del Estado de Derecho y la autoridad soberana del sistema judicial filipino», han manifestado. Por ello, los abogados consideran que el recurso busca, ante todo, «rectificar una privación de libertad».
Asimismo, han afirmado que esta apelación se basa en la «falta de jurisdicción» del TPI en el país, que se retiró del tratado en 2019, precisamente poco después de que la corte pusiera en marcha una investigación por presuntas violaciones de los Derechos Humanos durante la llamada «guerra contra las drogas» de Duterte.
Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones ejecutadas, aunque organizaciones humanitarias advierten que la cifra podría ascender a 30.000.
«El TPI solo puede ejercer su jurisdicción si el sistema legal nacional de un país no funciona. Pero podemos ver que el Tribunal Supremo y otras cortes en Filipinas funcionan perfectamente», ha aseverado Panelo Jr. en declaraciones al diario Philippine Daily Inquirer.
A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma, el Gobierno ha manifestado recientemente que Manila está obligada a cooperar con la Organización Internacional de Policía (Interpol) una vez el TPI emite sus órdenes de arresto. No obstante, ha señalado que, aun existiendo un tratado de extradición entre los dos países, el acusado debe tener tiempo suficiente para recurrir.
«Incluso con un tratado, debe haber un proceso a seguir. El acusado merece el tiempo suficiente para preparar su defensa», ha puntualizado.
Sin embargo, el propio Supremo se ha pronunciado este miércoles sobre una petición de orden de restricción temporal que buscaba bloquear la cooperación entre el Gobierno filipino y el TPI en relación con el arresto y traslado de Duterte. La corte ha decidido rechazar la solicitud presentada por el expresidente y el senador Ronald dela Rosa.
«Después de estudiar la petición, que consta de 94 páginas, el Supremo determinó que los solicitantes no lograron fundamentar de manera clara el derecho a emitir de inmediato una orden de restricción temporal», señala el documento.
El Supremo ha determinado que, si bien la medida queda descartada de momento, podría salir adelante en el futuro. Dela Rosa presentó la solicitud poco después de que Duterte fuera detenido, con el fin de impedir cualquier colaboración entre Manila y el tribunal internacional.
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Con esta medida, también buscaba garantizar que la Justicia filipina ordenara la puesta en libertad inmediata de cualquier individuo arrestado como parte de investigaciones del TPI.
La vicepresidenta abandona Filipinas
Este mismo miércoles, la hija de Duterte y vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha abandonado Manila para dirigirse a los Países Bajos, donde espera reunirse con su padre. Así lo ha confirmado su propia oficina, que ha indicado que la vicepresidenta partió alrededor de las 7:40 (hora local) en un vuelo de la aerolínea Emirates con destino Ámsterdam.
Sara Duterte se encuentra inmersa en un proceso de destitución después de que la Cámara Baja del Parlamento aprobara su cese en medio de una polémica por acusaciones de corrupción y abuso de poder. El caso está ahora en manos del Senado, que actuará como corte.
Las mociones de destitución contra Duterte, quien permanecerá en el cargo hasta que finalice el juicio en el Senado, fueron presentadas después de que amenazara de muerte al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., así como a la primera dama y al presidente del Parlamento, quien también es familiar del mandatario.
Los aliados de Marcos controlan la Cámara de Representantes, pero podrían enfrentar dificultades en el Senado. La medida llega en un momento clave, a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato previstas para mayo.
La política filipina se ha visto afectada por el deterioro de las relaciones entre las familias Marcos y Duterte, que han empeorado significativamente en los últimos meses por motivos electorales. La hija del expresidente Rodrigo Duterte insiste en que es víctima de un complot que busca acabar con su vida y que la ha llevado a contratar un supuesto sicario.
Protestas a favor de Duterte
La Presidencia de Filipinas ha instado a los seguidores de Duterte a abstenerse de provocar disturbios en las calles y ha pedido a la población «pensar y tratar de entender» lo que realmente implica la orden de detención emitida por el TPI contra el exmandatario.
La portavoz de la Presidencia filipina, Claire Castro, ha explicado que este caso «no ha sido fabricado por el Gobierno» y ha reiterado que se trata de una investigación independiente que se abrió cuando Duterte aún era presidente.
En este sentido, ha señalado que existe una orden de arresto y un caso en su contra. «Hay víctimas dispuestas a testificar», ha manifestado, antes de defender que el caso contra Duterte y su consecuente arresto «no son ilegales». Previamente, el propio Marcos Jr. argumentó que el Gobierno está «haciendo su trabajo».
Por su parte, las fuerzas de seguridad del país han dicho estar «preparadas» para cualquier «desarrollo de los acontecimientos» a medida que crece la tensión en Filipinas tras la detención de Duterte. «La situación permanece bajo control», ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.
«La Policía Nacional sigue supervisando de cerca la situación y está lista para responder en cualquier momento. Nuestro personal está desplegado estratégicamente para garantizar la paz y la seguridad en todo el país», ha dicho el general Rommel Marbil.
(Colprensa)
