Denuncian que el gobierno nacional impide la descontaminación de los ríos Bogotá y Magdalena
La denuncia fue realizada por el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, como resultado del recorrido fluvial que vienen realizando por el río Magdalena, desde Neiva hasta Barranquilla. Es una travesía de más de mil quinientos kilómetros que tiene como propósito visibilizar el abandono estatal en múltiples regiones ribereñas y exaltar la memoria del río más importante de Colombia.
Según los denunciantes, graves trabas impuestas por el Ministerio de Hacienda están impidiendo la financiación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas), una megaobra clave para evitar el vertimiento diario de 297 toneladas de materia orgánica y 325 toneladas de residuos sólidos al río Bogotá, que desembocan directamente en el río Magdalena.
En el punto donde el río Bogotá desemboca en el río Magdalena —entre los municipios de Girardot y Nariño (Cundinamarca)— constataron la magnitud de la contaminación generada por el primero, que atraviesa 46 municipios y el Distrito Capital, afectando a más de 12 millones de colombianos. Este afluente nace en Villapinzón (Cundinamarca) y es considerado uno de los ríos más contaminados del país.
Según el Boletín Nacional de Calidad del Agua 2024 del IDEAM, el Índice de Calidad del Agua (ICA) del río Bogotá se mantiene entre las categorías de “regular” y “mala”. Aunque presenta condiciones aceptables en su nacimiento, su calidad se degrada rápidamente: es regular entre Villapinzón y Chía, y mala desde Cota hasta su desembocadura.
La PTAR Canoas busca revertir esta situación, tratando el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las generadas en el casco urbano de Soacha. El 30 % restante ya es tratado por la PTAR El Salitre. Sin embargo, el proyecto se encuentra estancado por una exigencia desproporcionada del Gobierno Nacional: que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) aporte una contragarantía del 130 % del valor del crédito solicitado, en recursos líquidos y realizables asegurados para cada año posterior al desembolso.
“El Gobierno Nacional le exige a Bogotá tener en caja mucho más dinero del que pretende prestar. Es absurdo. Si la ciudad tuviera esa plata, no necesitaría pedir prestado. Esta obra requiere un crédito cercano a los 2,8 billones de pesos, lo que implicaría contar con más de 4,5 billones de pesos anuales disponibles solo para cumplir la exigencia del Ministerio. Una condición inviable que ha detenido el inicio de la construcción” dijo el concejal Julián Uscátegui.
“Esta es una megaobra de interés nacional. No se trata de un capricho local, sino de una solución ambiental urgente para millones de personas. ¿Qué más garantía necesita el Estado que la vida y la salud de su gente?”, señaló el representante José Jaime Uscátegui.
Enfatizaron los denunciantes que la falta de apoyo del Gobierno Nacional evidencia un nulo compromiso con proyectos estratégicos de alto impacto ambiental y social. La descontaminación del río Bogotá —y, por extensión, del Magdalena— es una deuda histórica que no puede seguir aplazándose por decisiones burocráticas o por la falta de voluntad política.
Por: Norberto Patarroyo L.
