El pasado 4 de febrero, Nacion Colombia informaba sobre el El Relleno Sanitario Regional La Paz, ubicado en el municipio de Turbana y operado por la empresa Ingeambiente del Caribe S.A. E.S.P., era el centro de una controversia que podría poner en jaque a autoridades ambientales, judiciales y a la propia compañía.
Este medio conoció de la denuncia disciplinaria contra el Fiscal 12 Especializado de Derechos Humanos, William Fernando Orlando Raiquel, radicada por la presunta negligencia, falta de celeridad y retrasos en la investigación penal contra la empresa de Servicios Públicos Ingeambiente del Caribe S.A ESP, por las irregularidades y hallazgos de residuos peligrosos y restos humanos en el Relleno Sanitario La Paz del municipio de Turbana, Bolívar.
En el documento de fecha 28 de marzo, dirigido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Seccional Bolívar y Seccional Atlántico el abogado Kevin Oliver Keep, de la Veeduría Jurídica de Colombia, sostiene.
“Formulo ante ustedes queja o denuncia disciplinaria contra el Fiscal 12 especializado por los derechos humanos por presunta falta de celeridad y retrasos en el proceso penal contra la empresa Ingeambiente del Caribe SA. ESP y otros presuntos infractores, por los presuntas irregularidades y hallazgos de residuos peligrosos en el relleno sanitario la paz”.
En un video publicado el profesional del dercho afirma. «Queremos explicaciones y saber por qué la Fiscalía General de la Nación ha guardado silencio desde el año 2023, fecha en que ocurrieron los hechos, por qué se ha mantenido escondida esa investigación, qué es lo que está sucediendo con esas presuntas irregularidades en cuanto a los residuos tóxicos y humanos que se han encontrado en ese relleno, violando toda normativa legal y ambiental».
Agrega el abogado Kevin Oliver Keep, “Exigimos explicaciones claras y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como ente de control disciplinario, tiene que adelantar las investigaciones para ver la falta y por qué esa falta de celeridad por parte de los agentes de control principal la fiscalía seccional 12 para los derechos humanos. Exigimos celeridad y exigimos todas las respuestas del caso”.
Lo que investigamos del caso y que publicamos.
Hace dos años la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) llevó a cabo una inspección en el relleno sanitario, en la que participaron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. En esta visita se encontraron indicios de disposición irregular de residuos peligrosos, incluyendo restos humanos. Como resultado, se iniciaron investigaciones tanto administrativas como penales, que a la fecha no tienen ningún avance.
En el lugar se pudo evidenciar, el 14 de marzo de 2023, la disposición de residuos humanos, en zonas de influencia del relleno sanitario. Las autoridades ambientales, como CARDIQUE, confirmaron el hallazgo de un camión tipo contenedor procedente de Medellín que transportaba alrededor de 40 canecas con residuos anatomopatológicos y material cortopunzante.
Pese a la gravedad de estas denuncias, la Fiscalía General de la Nación ha mantenido un silencio que genera inquietud. ¿Quiénes se benefician de esta falta de acción? ¿Por qué no se han tomado medidas contundentes?
La Unidad Investigativa de Nación Colombia realizó un seguimiento de la situación.
Uno de los hallazgos más alarmantes es un video, supuestamente en poder de la Fiscalía desde hace meses, que muestra bolsas rojas, jeringas usadas y material biológico. En las imágenes se observan posibles restos humanos y residuos peligrosos expuestos al aire libre, lo que representa un riesgo para la salud pública.
CARDIQUE, en conjunto con la Fiscalía 12 Especializada Contra la Violación de Derechos Humanos y Medio Ambiente, realizó un allanamiento en el relleno sanitario. Durante la diligencia, se recolectaron pruebas que evidencian la inadecuada disposición de residuos peligrosos, incluyendo: Residuos hospitalarios y anatomopatológicos (muestras de laboratorio, jeringas, pruebas de COVID-19, residuos humanos). Tubos EDTA con fluidos corporales (sangre), heces fecales y orina entre otros que en su momento fueron dados a conocer a la opinión publica.
Si bien el Relleno Sanitario La Paz se encuentra actualmente suspendido, persisten interrogantes sobre la eficacia de las investigaciones y la aparente falta de resultados concretos. Mientras tanto, el riesgo para la salud pública y el medio ambiente es innegable. Vale la pena anotar que el relleno Sanitario la Paz es operado por Ingeambiente del Caribe S.A. E.S.P. Revisamos bases de datos y encontramos que actualmente esta compañía y sus representantes, legales y jurídicos están inmersos en cerca de 200 procesos judiciales de todo tipo.
Un elemento nuevo es la acción penal que hasta ahora no ha generado ningún resultado, la tímida denuncia vía contrasta con la gravedad de las imágenes y las autoridades parece que no avanzan en las investigaciones que apuntan a un gabinete cerrado desde hace meses.
