Estigmatización en Catatumbo; La Defensoría del Pueblo presentó este martes un informe sobre la crisis en el Catatumbo y reiteró su llamado al gobierno nacional para que adopte acciones para superar.
Entre las recomendaciones, piden exclusivamente al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, detener las estigmatizaciones que también se volvieron un foco más de la violencia que se vive en esta zona del país.
En su informe, la Defensoría recoge información sobre la violencia en el Catatumbo, que se recrudeció luego de la masacre sucedida el 15 de enero de 2025, en la que fueron asesinados Miguel Ángel López y su familia. Sin embargo, la entidad deja en claro que previo a este hecho ya habían lanzado alertas tempranas en esta zona del país por el fortalecimiento de los grupos armados como las disidencias y el ELN.
“El balance humanitario en la región del Catatumbo es alarmante. Entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas actualmente. Adicionalmente, en el marco de la emergencia, se han documentado, al menos, 117 homicidios, 32 personas lesionadas y 5 firmantes del Acuerdo de Paz desaparecidos, además de un patrón sostenido de movilidad humana forzada”, señala el informe.
Frente a la situación actual y los posibles escenarios de riesgo, la Defensoría advierte de una mayor intensificación de la disputa territorial, que incluye una consolidación del ELN. Además, agrega que se proyecta la llegada del Clan del Golfo al Catatumbo, lo cual aumentaría el nivel de confrontación y multiplicaría las amenazas contra la población civil.
Al gobierno más acciones y menos estigmatizaciones
Las recomendaciones de la Defensoría incluyen un llamado a la acción frente a entidades del gobierno como la Unidad de Víctimas, los ministerios de Defensa y Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y la UNP.
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“Está muy bien los consejos de seguridad, está muy bien los PMU, pero no podemos dejar de lado que el centro de actuación frente a la atención humanitaria, social y reparación a las víctimas, son los comités territoriales”, enfatizó Iris Marín, defensora del Pueblo.
En su llamado, pidió a las entidades responsables del gobierno realizar un “trabajo inteligente” y de cooperación, porque los grupos armados se fortalecen y controlan la zona frente a las pocas acciones de las Fuerzas Militares.
En sus recomendaciones, la defensora, Iris Marín, acusó al presidente Petro y al ministro Benedetti de provocar otro foco de violencia en esta zona, ante los señalamientos y las estigmatizaciones que están realizando en sus discursos y redes sociales.
“A los altos funcionarios del estado, al presidente de la república y al ministro del interior retractarse de las declaraciones en las que han estigmatizado a organizaciones sociales del Catatumbo, así como al Personero de Ocaña y abstenerse de hacer esas declaraciones”, señaló Marín.
Agrega la funcionaria que continuar con estas declaraciones podría generar un “agravamiento del riesgo” en el que ya se encuentran estas personas que son parte de la población civil.
Desde la Defensoría también se pronunciaron sobre la nueva zona de paz ZUT anunciada por el frente 33 y el gobierno, señalando su optimismo frente a esta decisión, pero advirtiendo “serias inquietudes” frente a la no dejación de armas a su llegada a este territorio.
“Mientras que está activo y en una crisis alta, un conflicto armado entre el ELN y las disidencias del frente 33. Si ellos no se van a desarmar, va a mantenerse ese conflicto armado y podría agravar la situación de riesgo”, advirtió la defensora del pueblo.
(Colprensa)
