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El ministro de las TICS, Mauricio Lizcano deja el Ministerio de la información y las telecomunicaciones en medio de presuntos incumplimientos de contratos por varios miles de millones de pesos. Las cifras con tan grandes que no sería exagerado pensar en un escándalo de «Los 70 mil millones» 2.0
Comencemos hablando del contrato por 329 mil millones de pesos adjudicado por el Fondo Único de las TIC en julio de 2024 cuya su ejecución enfrenta serios problemas. Ninguno de los siete adjudicatarios ha presentado los informes mensuales requeridos, que deberían cargarse ocho días después de cada corte. Según el SECOP, al día de hoy, no hay inscritos en estos «modernos cursos» bajo la modalidad de bootcamps, lo que evidencia una preocupante falta de avance.
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Ni el Ministerio de las TIC, liderado hasta hoy por Mauricio Lizcano, ni la Secretaría General del Ministerio, Lina Paola Vacca Salinas, experta en contratación, parecen estar al tanto del incumplimiento. Esto pone en tela de juicio la capacidad de supervisión de los responsables del contrato, situación que contradice sus saberes…
Uno de los procesos contractuales más grandes del Estado, el contrato LP-003-2024, busca implementar procesos de generación de habilidades digitales mediante bootcamps, es decir, cursos virtuales intensivos. Sin embargo, este proyecto está rodeado de irregularidades que generan preocupación.
La Unión Temporal Bootcamps Libret, adjudicataria de 77 mil millones de pesos, incluye como miembro principal a IU-Training, una empresa que participa con el 95% del contrato. Esta compañía enfrentaba problemas financieros y recientemente salió de un proceso de reorganización.
Además, su representante, Dairo de Jesús Rodríguez Bonilla, registra siete procesos judiciales en su contra, algunos relacionados con delitos contra la administración pública, incluyendo peculado. Por su parte, el representante legal suplente, Carlos Julio Parra Castro, acumula 18 procesos judiciales, todos por deudas económicas.
A pesar de estos antecedentes, el contrato fue adjudicado a una empresa cuyo patrimonio (8 mil millones de pesos) es 9,6 veces inferior al valor total del contrato, lo que pone en duda los criterios de selección y viabilidad financiera del proyecto.
Las responsabilidades y obligaciones parecen lejos de ser dimensionadas por las autoridades, quienes han permitido que este multimillonario contrato esté al borde del colapso.
