La Corte Constitucional decidió devolver la reforma pensional a la Cámara de Representantes, tras identificar vicios de procedimiento en su aprobación. Según el alto tribunal, durante el segundo debate en la Cámara no se cumplió con el quórum reglamentario exigido por la Constitución, lo que invalida esa parte del trámite legislativo.
La decisión no tumba el proyecto, pero sí obliga a que la Cámara repita el debate final, cumpliendo todos los requisitos formales. Esto implica un retraso en la entrada en vigor de una de las iniciativas clave del Gobierno de Gustavo Petro, que ya había logrado la aprobación en el Senado.
Aunque se trata de un revés para el Ejecutivo, la Corte no cuestionó el contenido del proyecto, sino el procedimiento seguido. Por tanto, el Gobierno aún tiene la posibilidad de revalidar el apoyo político en la Cámara y lograr la aprobación definitiva de la reforma.
Desde el punto de vista político, la decisión representa un nuevo desafío para el oficialismo, que deberá movilizar nuevamente sus mayorías y enfrentar el recrudecimiento del debate público sobre el futuro del sistema pensional. Sin embargo, también es una oportunidad para ajustar los errores y blindar el proceso de eventuales nuevas demandas jurídicas.
Con esta decisión, la Corte reafirma su papel como garante del orden constitucional y del cumplimiento estricto de las normas del Congreso, mientras el Gobierno se prepara para un nuevo pulso legislativo en medio de un ambiente político cada vez más polarizado.
