Los contratos de Invías en La Guajira por cerca de $3,2 billones quedaron en el centro del empalme: el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella pidió al Ejecutivo saliente abstenerse de firmarlos hasta revisarlos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió que las adjudicaciones cumplen los requisitos legales y vienen de una planeación iniciada desde 2025.
La solicitud: no firmar 16 contratos antes del cambio de Gobierno
La petición del equipo de empalme quedó consignada en el Comunicado 237, en el que pidió al Gobierno saliente abstenerse de suscribir los contratos adjudicados por Invías para obras viales en La Guajira. El pronunciamiento se enfocó en el momento de la contratación, a pocos días de la posesión presidencial.
Según el documento, se trata de 10 contratos de obra y seis de interventoría para el mejoramiento de vías terciarias en Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure. El gobierno entrante advirtió que estos compromisos incluyen vigencias futuras hasta 2035, lo que —según su argumento— condicionaría la gestión de la siguiente administración.
El equipo de De la Espriella detalló que siete contratos corresponden a Uribia por cerca de $2 billones, mientras que los otros tres, en Riohacha, Maicao y Manaure, suman alrededor de $1,1 billones. A eso se agregan las interventorías por aproximadamente $204.000 millones.
Qué revisará el nuevo gobierno tras la posesión del 7 de agosto
El gobierno entrante señaló que, una vez asuma el 7 de agosto, abrirá una revisión técnica, jurídica y financiera de los contratos. También anunció que evaluará la participación de empresas en consorcios adjudicatarios, la estructuración de los lotes y el nivel de competencia en el proceso de contratación.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respaldó la solicitud y sostuvo que no se oponen a las obras de vías terciarias, sino a que se tomen decisiones de alto impacto fiscal al final del mandato. “No nos oponemos a las vías terciarias; exigimos que decisiones billonarias no se tomen mientras el Gobierno hace maletas para dejar el poder”, afirmó.
La administración entrante dijo que las obras que cumplan criterios de responsabilidad fiscal y beneficio para las comunidades continuarían. En caso de encontrar irregularidades, planteó que adoptará acciones administrativas y legales.
La respuesta de MinTransporte: licitación planeada desde 2025 y amparada por normas vigentes
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el proceso y aseguró que las adjudicaciones obedecen a una planeación iniciada desde finales de 2025. Según su respuesta, los contratos tienen respaldo jurídico, técnico y financiero y fueron estructurados bajo la Ley de Contratación Pública y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, entre otras normas.
Sobre el uso de vigencias futuras, Rojas afirmó que es un mecanismo habitual en infraestructura y recordó que también se emplea en concesiones viales. Además, sostuvo que las obras se adjudicaron mediante licitación pública con participación de empresas que acreditaron los requisitos.
La ministra también dijo que los proyectos responden a compromisos con las comunidades de La Guajira y al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó medidas para proteger derechos fundamentales de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables del departamento.
