El pasado 14 de junio, en un momento clave de su presidencia, Gustavo Petro ha conseguido una victoria significativa al aprobarse su reforma pensional. Este proyecto, uno de los principales de su campaña, fue respaldado por el Congreso.
«Es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Es la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio», expresó Petro en la red social X.
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La aprobación del proyecto es un alivio para Petro, quien se encuentra en la mitad de su mandato enfrentando cuestionamientos sobre su liderazgo, cambios en su gabinete, y desafíos legislativos como la caída de su reforma de la salud en el Senado. Además, su promesa de «paz total» para Colombia aún no se ha concretado. El nuevo sistema de pensiones, basado en cuatro pilares de contribución, protegerá a los adultos mayores en situación de pobreza, beneficiando a unos 2,6 millones de colombianos con una renta solidaria.
Aunque el proyecto es valorado como una mejora del sistema actual, expertos cuestionan su sostenibilidad financiera a largo plazo y sugieren la necesidad de cambios estructurales complementarios.
La reforma beneficiará a muchos trabajadores rurales entre los millones de adultos mayores vulnerables. Estos recibirán un apoyo mensual de $232,000 a partir de los 65 años a través del pilar solidario de la reforma, que junto con el pilar semicontributivo, busca ampliar la cobertura de jubilaciones y proteger a aquellos que no han cotizado o no cumplen los requisitos para una pensión.
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El sistema, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, se estructura en cuatro pilares: contributivo, semicontributivo, de ahorro voluntario y solidario, aplicables según el nivel socioeconómico de cada individuo. Este modelo fortalecerá el papel de Colpensiones, reducirá los subsidios a las altas jubilaciones y ampliará la cobertura del sistema actual.
En el actual sistema paralelo, vigente desde 1993, los ciudadanos pueden elegir entre contribuir al sistema público o a fondos privados. La nueva reforma obligará a los colombianos que ganen hasta 2,3 salarios mínimos mensuales a aportar a Colpensiones, mientras que los que ganen más podrán optar por un fondo privado para el ahorro de los excedentes. Los recursos serán gestionados por el Banco de la República.
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La edad de jubilación se mantendrá en 62 años para los hombres con 1,300 semanas de aportes y en 57 años para las mujeres, reduciendo a 1,000 semanas las exigidas para ellas. Además, las mujeres podrán reducir en 50 semanas el tiempo requerido por cada hijo, con un máximo de tres hijos, quedando el requisito en 850 semanas.
La reforma también establece que los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 continuarán bajo la norma actual, sin la obligación de aportar al fondo estatal si están en uno privado. Al igual que otros países de América Latina y del mundo, Colombia enfrenta el reto de asegurar la sostenibilidad de su sistema de pensiones en un contexto de baja natalidad y envejecimiento rápido de la población, en medio de crecientes niveles de deuda y desigualdad.