Santiago de Chile, 22 de abril. Colombia está en un momento crítico y necesita ratificar el Acuerdo de Escazú», dijo a Efe la abogada ambientalista y subdirectora de la ONG colombiana Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres.
«El Gobierno colombiano va a estar presente en la COP del Acuerdo de Escazú, desafortunadamente solo como país observador (…). Hablamos de la aprobación del plan, tal vez un hito a nivel mundial en tanto protege a los defensores ambientales, y Colombia no va a poder votar a favor porque seguramente esa iba a ser la postura del país», subrayó la abogada.
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Y es que si bien Colombia ya superó la etapa legislativa para la ratificación del tratado, siendo aprobado por el Congreso, hace dos años que la Corte Constitucional, que es el Alto Tribunal que vela por la protección de la Constitución Política de 1991, revisa sus disposiciones para dar el último visto bueno al documento.
Las declaraciones de Torres se dieron durante el encuentro previo a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), programada para la próxima semana en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde se abordará el Plan de Acción para implementar el inédito tratado latinoamericano, el primero del mundo que protege a los defensores ambientales.
Comunidades en «absoluto riesgo»
La lentitud de las instituciones colombianas para ratificar el tratado resulta especialmente delicada: Solo en 2022 se registraron al menos 60 asesinatos de ambientalistas, en tanto durante 2021 fueron 33 homicidios con estas características, según la organización Global Witness.
Colombia, junto a México y Brasil, es reconocido como un territorio mortal para estos activistas, violencia que se percibe aún con mayor intensidad en las comunidades indígenas.
«Ese escenario de conflictividad pone en absoluto riesgo a quienes están en estos territorios porque llegan grandes empresas, acompañadas muchas veces de grupos armados ilegales, como pasa en Colombia y en la región amazónica, que lo que quieren es desplazar a estas comunidades para poder hacer uso de sus recursos, ya sea para la explotación minera, legal o ilegal, o ya sea simplemente para el desarrollo de ganadería extensiva, que sabemos que es un negocio muy lucrativo, o de monocultivos», explicó Torres.
Hacia la «materialización» del Artículo N°9 involucrada en su consolidación desde la etapa de negociación, hace ya más de 10 años, Ambiente y Sociedad impulsa la implementación «efectiva» del Acuerdo de Escazú.
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Asimismo, la «materialización» de un articulado que permita garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, «derechos que muchas veces, al no ser respetados, se convierten en barreras para las personas que habitan los territorios y tratan de proteger un ecosistema del que son parte, un río, una montaña, un bosque».
«El Plan de Acción demuestra una celeridad dentro de la implementación del Acuerdo, una línea de trabajo que trata un poco de afrontar la situación crítica que viven las personas en América Latina como región más peligrosa para la defensa del ambiente», señaló la abogada.
Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región. EFE
Foto Cortesía: Asistentes participan en la ceremonia de inauguración de la Pre COP (Conferencia de las Partes de Escazú), que consiste en charlas sobre derecho y cuidado medioambiental, y paneles de conversación sobre el tratado de Escazú, este viernes en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González
